La resolución fue dictada por el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi, quien interviene en la investigación por la presunta megaestafa vinculada a la criptomoneda que promocionó el mandatario en sus redes sociales.
El Juzgado Criminal y Correccional Federal 8 resolvió este viernes sobreseer al presidente Javier Milei y a su hermana Karina en la causa Libra, que investigaba una presunta megaestafa con criptomonedas y posibles delitos económicos vinculados al lanzamiento y promoción del activo digital. El juez Marcelo Martínez de Giorgi consideró que los hechos denunciados no encuadran en una figura penal y aceptó el pedido del fiscal Eduardo Taiano. La decisión también alcanza a otros nueve investigados, entre ellos Mauricio Novelli, Manuel Terrones Godoy y el empresario estadounidense Hayden Davis.
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La resolución tiene 60 páginas y se fundamenta en el artículo 336, inciso tercero, del Código Procesal Penal de la Nación, que establece el sobreseimiento cuando los hechos investigados no constituyen un delito. El magistrado dispuso que, una vez firme la decisión, se comunique y archive el expediente. El fallo todavía está sujeto a eventuales recursos y su alcance se limita a las actuaciones examinadas por ese juzgado.
La investigación se originó a partir de denuncias por presuntos hechos de corrupción y una posible estafa relacionada con el lanzamiento de $LIBRA, ocurrido el 14 de febrero de 2025. Ese día, a las 19.01, Milei publicó en su cuenta de X un mensaje que promocionaba el proyecto y difundía la dirección del contrato del criptoactivo. Según las denuncias reconstruidas en el fallo, su cotización pasó de aproximadamente US$0,01 a un valor cercano a US$5 y luego se desplomó. Los denunciantes estimaron que unas pocas billeteras retiraron alrededor de US$100 millones y que más de 40.000 compradores sufrieron pérdidas de valor.
El fiscal Taiano solicitó el sobreseimiento después de analizar documentación, movimientos financieros, comunicaciones y pericias digitales. La investigación incluyó allanamientos, secuestro de dispositivos electrónicos, estudios de trazabilidad de operaciones en la red Solana y pedidos de información a organismos públicos y empresas privadas. También se requirió cooperación judicial a Estados Unidos para identificar operaciones y responsables de billeteras vinculadas con el lanzamiento del token.