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Una joven de 23 años fue condenada a muerte en Irán por "blasfemar" en redes sociales

Se trata de Najmeh Amini, estudiante de contabilidad, quien había sido detenida en las protestas en enero y contaba con una pena de más de 12 años de prisión. Organizaciones de derechos humanos alertaron sobre su situación.

Hoy 08:19

La estudiante iraní Najmeh Amini, de 23 años, fue condenada a muerte por publicaciones en redes sociales consideradas blasfemas por las autoridades de Irán. La joven permanece detenida en la prisión de Vakilabad, en la ciudad de Mashhad, y recibió además una condena de más de 12 años de cárcel en un proceso judicial separado, según informó el diario británico The Guardian.

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La sentencia capital todavía no es definitiva y puede ser apelada ante el Tribunal Supremo iraní. En la otra causa, Amini fue condenada por cargos que incluyen actuar contra la seguridad nacional y difundir propaganda contra el régimen.

En un audio difundido desde la cárcel en septiembre, la joven pidió a las Naciones Unidas, abogados y organizaciones de derechos humanos que intervinieran para revisar su situación. "Soy una joven inocente con tantas esperanzas y sueños", expresó.

Detención durante las protestas

El caso se remonta al comienzo de este año. La agencia de noticias Hrana, vinculada con la organización Activistas de Derechos Humanos en Irán, informó que Amini fue detenida el 31 de enero en el centro comercial Ferdowsi, en Mashhad, en el contexto de las protestas que se extendieron por el país. Posteriormente, fue trasladada a la prisión de Vakilabad.

Las manifestaciones habían comenzado el 28 de diciembre de 2025, después de una fuerte depreciación del rial, la moneda iraní, frente al dólar. Comerciantes de los bazares de Teherán cerraron sus negocios y salieron a las calles para expresar su malestar por la devaluación y el aumento sostenido de los precios. A las movilizaciones se sumaron estudiantes y otros sectores sociales, y los reclamos económicos derivaron en consignas contra el régimen de la República Islámica.

La situación de Amini ya había sido documentada en un informe publicado por Hrana el 12 de mayo, que identificó a 30 mujeres detenidas durante las manifestaciones. El documento denunció que el arresto de la joven había sido violento y enumeró las acusaciones en su contra: "enemistad con Dios", colaboración con Israel, insultos al líder supremo y al profeta, y resistencia a la autoridad.

Dos procesos judiciales

Amini enfrenta dos causas independientes: una ante un tribunal penal y otra ante el Tribunal Revolucionario de Mashhad. En esta última recibió una pena de 12 años, seis meses y un día de prisión.

En el proceso penal, la acusación inicial por insultar a figuras religiosas fue modificada durante el procedimiento a sab ol-nabi, una expresión traducida como "insultar al profeta". La causa concluyó con una condena a muerte que, según relató la propia joven en el mensaje enviado desde la cárcel, fue dictada el 16 de septiembre.

La legislación iraní contempla la pena capital para determinados casos de insultos contra Mahoma y figuras veneradas del islam chiita. Sin embargo, también establece excepciones para expresiones realizadas bajo los efectos de sustancias intoxicantes o sin intención deliberada.

Según The Guardian, Amini sostuvo que había publicado los comentarios mientras experimentaba alucinaciones después de consumir hongos alucinógenos con amigos. Su abogado argumentó que se había tratado de un desliz verbal. El juez rechazó esa defensa y cuestionó por qué, en ese estado, la joven no había insultado a otras personas o a adversarios del régimen, como Estados Unidos e Israel.

Reclamos de organizaciones de derechos humanos

Mahmood Amiry-Moghaddam, director de la organización Iran Human Rights, advirtió que el caso podría ampliar el uso de la pena de muerte como respuesta a expresiones pacíficas en redes sociales.

La entidad, con sede en Oslo, reclamó una reacción internacional ante la condena y alertó sobre el número de ejecuciones registradas en Irán. Según sus datos, el país ya había llevado a cabo más de 600 ejecuciones durante el año.

La situación de Amini se convirtió así en un nuevo foco de preocupación para las organizaciones de derechos humanos, que cuestionan tanto la aplicación de la pena capital por expresiones religiosas como las restricciones a la libertad de expresión en la República Islámica.

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