Un decreto del Gobierno desató un paro en los principales puertos del país

Los puertos de todo el país continúan afectados por una medida de fuerza iniciada por prácticos, pilotos y baqueanos en rechazo al Decreto 690/2026, impulsado por el Gobierno nacional para desregular el servicio de practicaje. El conflicto alcanza desde Ushuaia hasta la Hidrovía Paraná-Paraguay y tiene un fuerte impacto sobre las operaciones de comercio exterior.

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La protesta comenzó el 1 de agosto y afecta especialmente la navegación en el Río de la Plata y el río Paraná, donde se concentra la mayor parte del movimiento de cargas del país. En esas vías circula cerca del 80% de las exportaciones e importaciones argentinas, por lo que decenas de embarcaciones permanecen a la espera de poder ingresar o salir de distintas terminales portuarias. 

El Decreto 690/2026, promovido por el presidente Javier Milei y el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, busca introducir cambios en el régimen del practicaje con el objetivo de fomentar la competencia, reducir costos operativos y flexibilizar la prestación del servicio. Entre otras modificaciones, habilita nuevas modalidades de contratación y flexibiliza algunos requisitos para la navegación en determinadas circunstancias. 

Desde la Asociación Profesional de Capitanes y Baqueanos Fluviales de la Marina Mercante rechazaron la medida al considerar que afecta la seguridad de la navegación y adelantaron que presentarán una Acción de Amparo ante la Justicia Federal, además de impulsar una denuncia penal contra los funcionarios que firmaron la norma.

En medio del conflicto, la Prefectura Naval Argentina intimó a los profesionales a retomar la prestación del servicio al recordar que el practicaje constituye un servicio público esencial vinculado con la seguridad de la navegación. La normativa vigente también contempla la obligación de garantizar guardias operativas para asegurar la continuidad de prestaciones esenciales. 

Pese a esa intimación, los profesionales ratificaron la medida de fuerza. No obstante, resolvieron mantener guardias mínimas para asistir a buques petroleros y de gas licuado, con el objetivo de evitar inconvenientes en el abastecimiento energético y reducir riesgos ambientales durante las maniobras de navegación.

El conflicto mantiene en alerta al sector exportador y logístico, mientras continúan las diferencias entre el Gobierno nacional y las entidades que representan a los trabajadores del practicaje respecto del alcance de la desregulación y su impacto sobre la actividad portuaria.