El objetivo de las normas es prevenir y erradicar la violencia en todos los ámbitos en los que las mujeres desarrollan sus actividades interpersonales.
En las últimas décadas, comenzó un cambio de paradigma en cuanto a las formas de violencia ejercida contra la mujer y cómo cada una de ellas impacta en su vida, lo que motivó un debate a nivel mundial que dio origen a tratados y convenciones en la materia, que los Estados nacionales fueron incorporando a sus respectivas normativas.
En el caso particular de Argentina, la Ley Nacional 26.485 de Protección integral para la prevención y erradicación de la violencia contra la mujer, tiene su correlato en Santiago del Estero con la que lleva el número 7032, que establece las normas de procedimiento aplicables a cualquier tipo y modalidad de violencia previstas en las Convenciones Internacionales e incorporadas en la Constitución Nacional.
“Básicamente, la ley considera que la vida sin violencia es un derecho humano y, por ende, puede ser exigido jurídicamente”, resumió la Dra. Érica Costa Macías, abogada que integra el Equipo Interdisciplinario de la Oficina de Protección a las Víctimas de Violencia Familiar y la Mujer del Poder Judicial provincial.
La normativa exige a los Estados, que incorporaron en su legislación la Convención Internacional de Belém Do Pará y otros tratados similares, que deben garantizar una vida libre de violencia y discriminación contra las mujeres.
Al respecto, la letrada puntualizó que “no se limita sólo a la violencia que se producen en el hogar o ámbito privado. Se avanza sobre otras modalidades de violencia, no sólo la doméstica o familiar, que son las más conocidas, sino que abarca espacios donde aquella también existe, como en el ámbito laboral, institucional, obstétrica o contra la salud reproductiva, la mediática y política”.
Para cambiar una histórica realidad, es fundamental derribar los patrones socioculturales que promueven las desigualdades de género y las relaciones de poder sobre las mujeres, apuntó la entrevistada al Área de Prensa del Poder Judicial.
Por otra parte, indicó que “en cuanto a acceso a Justicia, la ley demanda un procedimiento a llevar a cabo por las instituciones involucradas en esta temática, que siempre debe ser gratuito”.
Las medidas judiciales urgentes que las mujeres víctimas pueden solicitar es la prohibición de acercamiento y de contacto con el agresor; el cese de actos de violencia y, en casos en que convivan las partes en conflicto, la exclusión del hogar del individuo violento.
Finalmente, la profesional consideró que “conocer estos instrumentos legales es muy importante, porque les va permitir a las mujeres conocer sus derechos y cómo pueden acceder a la Justicia para hacerlos respetar y cumplir”.