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Durante una entrevista televisiva, Quirno explicó que la Argentina recurrió al organismo internacional, con sede en Hamburgo, Alemania, para solicitar la suspensión de las actividades vinculadas al emprendimiento. La decisión del tribunal está prevista para el sábado próximo.
Además de suspender las perforaciones, el Gobierno solicitó que las autoridades británicas no otorguen nuevas autorizaciones para operar en el área, preserven los datos obtenidos durante las tareas de exploración y garanticen la protección del medio marino.
Quirno explicó que el objetivo es evitar que se avance con la extracción antes de que exista una resolución sobre los derechos que reclama la Argentina. En ese sentido, remarcó: “Nosotros hemos pedido que paren esta explotación antes de que se haga el arbitraje”.
El funcionario también sostuvo que el reclamo continuará independientemente de lo que resuelva el tribunal sobre las medidas provisionales.
Mientras avanza el reclamo diplomático y judicial, la estrategia argentina también tuvo consecuencias sobre las compañías que participan del emprendimiento. Según informó la petrolera británica Rockhopper Exploration ante la Bolsa de Londres, dos contratistas, una inglesa y otra israelí, comunicaron que no continuarán con los trabajos previstos por temor a posibles sanciones y conflictos legales.
A esa situación se sumó la decisión del astillero de Singapur Seatrium, que analiza cancelar el contrato para acondicionar el buque Aoka Mizu, una embarcación fundamental para las futuras operaciones de extracción y almacenamiento de petróleo.
Sin embargo, Rockhopper aclaró que, por el momento, no prevé modificaciones importantes en el cronograma de desarrollo. La iniciativa está encabezada por la compañía israelí Navitas Petroleum, que tiene la participación mayoritaria, junto con la firma británica.
El Gobierno de Javier Milei también busca ampliar las herramientas legales para sancionar a las empresas que participen de actividades hidrocarburíferas en las aguas cercanas a Malvinas sin autorización argentina.
Para eso, impulsa un proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, que contempla mayores restricciones para las compañías involucradas. Sin embargo, la iniciativa no pudo ser tratada en Diputados durante la última semana por falta de quórum.
En paralelo, la expectativa oficial está puesta en la resolución del Tribunal del Mar del próximo 28 de noviembre. El fallo definirá si se aplican las medidas provisionales solicitadas por la Argentina para detener el avance de Sea Lion mientras continúa la discusión internacional.