El expresidente del Millonario será juzgado desde febrero de 2027 junto a otras 30 personas por presuntas maniobras fraudulentas, reventa ilegal de entradas y desvío de fondos durante su mandato entre 2009 y 2013.
Daniel Alberto Passarella, expresidente de River Plate entre 2009 y 2013, deberá afrontar un juicio oral y público por presuntas irregularidades cometidas durante su gestión al frente del club de Núñez. La causa, iniciada hace más de 14 años, involucra a otras 30 personas y contempla delitos que podrían derivar en penas de hasta 12 años de prisión, en caso de comprobarse las acusaciones.
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El Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N.º 11 de la Ciudad de Buenos Aires fijó el 15 de febrero de 2027 como fecha de inicio del debate judicial, en una resolución que llegó cuando el expediente se acercaba a los plazos de prescripción previstos para junio del próximo año.
El excapitán de la Selección argentina campeona del mundo en 1978 está acusado de presunta administración fraudulenta, desvío de fondos, defraudaciones económicas e instigación a la formación de grupos violentos, entre otras maniobras que son objeto de investigación.
Además de Passarella, entre los acusados aparecen exintegrantes de la comisión directiva de River, como Diego Turnes, exvicepresidente primero, miembros de la barrabrava y efectivos policiales que habrían participado en las operaciones investigadas.
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La investigación, impulsada por el fiscal José María Campagnoli, tuvo su origen en una denuncia presentada el 23 de junio de 2012, durante el partido en el que River consiguió su regreso a Primera División frente a Almirante Brown.
Aquel día, un socio que tenía una ubicación asignada en la platea San Martín media encontró su asiento ocupado por otra persona que contaba con una entrada para la misma fila y el mismo lugar.
La situación derivó en una denuncia penal que permitió avanzar sobre un presunto sistema de reventa irregular de entradas, en el que habrían intervenido dirigentes, integrantes de la barrabrava y miembros de las fuerzas de seguridad.
Según la investigación, se habrían comercializado ilegalmente alrededor de 1.500 entradas por partido, algunas de ellas a valores cercanos a los 300 dólares, mediante un circuito que habría perjudicado económicamente a la institución.
Con el avance de la causa, los investigadores también comenzaron a analizar distintas operaciones financieras realizadas durante la presidencia de Passarella.
Uno de los puntos investigados está relacionado con la emisión de 26 cheques destinados a futbolistas del plantel profesional, entre ellos Carlos Sánchez, Mariano Pavone, Agustín Alayes y Luciano Vella, quienes no habrían recibido esos pagos.
De acuerdo con la hipótesis de la fiscalía, las firmas de los jugadores habrían sido falsificadas para endosar los valores a terceros, que posteriormente los cobraban.
Otra de las operaciones cuestionadas corresponde a la transferencia de Jonathan Fabbro, por la que se habrían registrado pagos duplicados de comisiones. La investigación busca determinar si parte de ese dinero fue desviado hacia exdirigentes.
El expediente también incluye presuntas irregularidades en licitaciones, contrataciones de proveedores, servicios de seguridad privada y trabajos de remodelación del estadio Monumental.
Entre las situaciones investigadas figuran posibles sobreprecios, obras que no se habrían realizado y contrataciones de servicios cuya efectiva prestación está bajo cuestionamiento.
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Los delitos incluidos en la causa contemplan penas que podrían alcanzar los 12 años de prisión, aunque una eventual condena dependerá de los hechos que se acrediten durante el juicio y de la responsabilidad individual que determine el tribunal.
El debate oral deberá establecer si efectivamente existieron las maniobras denunciadas y qué participación tuvieron Passarella y los demás acusados.
El inicio del proceso representa un avance judicial importante después de más de una década de investigación, aunque la realización del juicio no implica una declaración de culpabilidad.
El exfutbolista y exentrenador de River rechazó públicamente las acusaciones en distintas oportunidades.
En 2016, después de que se confirmara su procesamiento, defendió su gestión y negó haber participado en maniobras vinculadas con la barrabrava.
"La causa es un disparate. Jamás le entregué entradas a la barrabrava. Hay muchas cosas que la gente no sabe, yo sé que no hice nada, estoy limpio", aseguró entonces.
También se refirió a las dificultades que enfrentó durante su presidencia en el Millonario.
"Fue muy difícil ser presidente de River, yo agarré un club destruido", manifestó.
Ahora, Passarella deberá comparecer ante la Justicia a partir del 15 de febrero de 2027, cuando comenzará el debate oral que buscará determinar las responsabilidades por las presuntas irregularidades durante su conducción institucional.