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Opinión y Actualidad

Triple lesbicidio: el precedente histórico y lo que la sentencia dejó afuera

La importancia del reconocimiento del agravante por odio a la orientación sexual. Qué pasa cuando la discriminación es palabra oficial.

Hoy 07:25
Triple crimen de Barracas

Por Dolores Curia
Para Página 12

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La madrugada del 6 de mayo de 2024, Justo Fernando Barrientos prendió fuego a cuatro mujeres mientras dormían y tres de ellas murieron. Las acosó durante meses por su orientación sexual. Las llamaba “engendros”. Durante el juicio por el Triple Femicidio de Barracas quedó probado que Barrientos no era un francotirador: no todos, pero varios de los vecinos del hotel sostenían prejuicios hacia ellas y las insultaban. A los nuevos que llegaban, Barrientos les advertía: “son medio raras”.

Como quedó claro en el juicio, no hubo un conflicto ni alguna discusión particular que motivara a Barrientos arrojar un balde con combustible de manera deliberada dentro de la habitación en la que descansaban las víctimas para quemarlas vivas, y para después empujar nuevamente hacia el fuego a una de ellas cuando se estaba escapando a la rastra.

Tortilleras, marimachos, raras, raronas, que no eran normales, grandotas, toscas, chorras, celosas, que andaban armadasarmadas, que hacían pactos con el diablo. Así las llamaban muchos vecinos y ese era el tipo de prejuicios que circulaban, aunque en el juicio, nadie dijo haber visto personalmente las conductas que se les atribuían.

Al momento de decidirse a exterminar a cuatro mujeres, es posible que en la cabeza de Barrientos todavía estuvieran resonando las palabras con las que el presidente Javier Milei había inaugurado en términos de batalla cultural aquel año en Davos, cuando dijo que no existe la desigualdad de género y que ser gay es lo mismo que ser pedófilo.

Tal vez Barrientos también se haya sentido avalado por las palabras del biógrafo de Milei, que dos días antes del triple lesbicidio de Barracas dijo al aire, en una entrevista que tuvo muchísimo rebote, que gays y lesbianas son personas insanas y pervertidas. Dijo exactamente que eran “conductas objetivamente insanas” y que el Estado, hasta Javier Milei, fomentaba “conductas autodestructivas” con sus políticas contra la discriminación. Nicolás Márquez, negacionista y coautor junto a Agustín Laje de El libro negro de la izquierda (2017), milita el uso de la palabra “sodomita” y prefiere ignorar que en 1990, la Asamblea General de la OMS eliminó la homosexualidad de su lista de enfermedades psiquiátricas.

Durante la charla, Márquez sostuvo sus mensajes de odio con estadísticas sin fuente (“Una persona de tendencia homosexual vive 25 años promedio que una heterosexual”). Los periodistas que lo entrevistaron no pudieron ir más allá de las reacciones de rechazo de tipo emocional. Ni rebatir con información esos prejuicios presentados como datos.

¿Qué pasa cuando los discursos de odio no son condenados desde el Estado, sino que son ascendidos a palabra oficial? ¿Qué efectos produce que el pensamiento violento y estigmatizante gane cada vez más espacio en la conversación pública, incluso cuando creíamos haber atravesado con éxito -aunque sea en parte- debates que décadas atrás condujeron a consensos sobre la ampliación de derechos?

Los crímenes de odio no son hechos aislados. No pueden leerse fuera del contexto que los hace posibles. Cuando se pide el reconocimiento del concepto de “lesbicidio”, palabra que no existe en nuestro Código Penal como tal, se retoma una insistencia del activismo: que los femicidios -con sus especificidades- y los crímenes contra lesbianas por ser lesbianas son fenómenos sistemáticos, estructurales y culturales, enraizados en costumbres, y en estructuras como la familia, la escuela y la Justicia.

Esa violencia está contenida en las definiciones que dan personas como Márquez ante los micrófonos. Si Márquez -como tantos otros referentes de su mismo color político- dice que gays y lesbianas tienen una “propensión a la infelicidad”, en todo caso habría que agregar que algo así no es un efecto que brote de una identidad, sino de la impunidad con la que propagan el odio personas como él mismo y sus jefes. Ese sentido común odiante se reactualiza en un arco que va desde un posteo hasta arrojar un balde con combustible.

Pocos días después de la masacre, una periodista de este diario, Adriana Carrasco, se acercó al hotel en Barracas donde ocurrieron los crímenes y pudo documentar hasta qué punto Barrientos no era un raro en ese lugar. A varios de estos hombres mayores, que justificaron a Barrientos en sus testimonios, les despertaba inquietud y rechazo que cuatro mujeres vivieran juntas en una pieza y no cumplieran con sus expectativas de compartir la vida con hombres.

Barrientos fue condenado por varios agravantes: odio por orientación sexual, identidad de género o su expresión, ensañamiento y uso de un medio idóneo para causar peligro común. El otro de los agravantes que pedían las querellas era el de femicidio.

El reconocimiento del agravante por odio a la orientación sexual de las víctimas es para celebrar porque sienta un precedente histórico en la respuesta judicial frente a los lesbicidios, entendidos como asesinatos de mujeres motivados específicamente por prejuicios y discriminación hacia su orientación sexual, real o percibida. El aspecto no tan positivo de la condena es que esa misma respuesta judicial no contempla, explícitamente por lo menos, la violencia de género que enfrentaron las víctimas, tal como sostuvieron todas las partes acusadoras.

A veces, algunos jueces consideran que un agravante excluye al otro y otras veces que uno incluye al otro. Interpretan que el de odio es el que prevalece. Todavía no dieron los argumentos, pero es probable que hayan considerado que el femicidio está incorporado en el agravante de odio.

La abogada Luciana Sánchez había solicitado medidas para la única de las cuatro que Barrientos no pudo asesinar, como atención piscológica y una prestación equivalente a la pensión por viudez, y garantías de no repetición, como protocolos y capacitaciones para este tipo de violencia específica. Pero el tribunal las desestimó. El pedido de justicia por la Masacre de Barracas no se termina acá, tampoco las discusiones en torno al lesboodio en Argentina. La única sobreviviente todavía espera reparación.