Paraguay busca asumir el control temporal de empresas vinculadas a Ueno Bank para evitar despidos

El Gobierno de Paraguay, encabezado por el presidente Pedro Alliana, anunció que enviará al Congreso un proyecto de ley para asumir temporalmente la administración de empresas vinculadas a Ueno Bank, con el objetivo de evitar cierres, proteger los puestos de trabajo y garantizar el pago de salarios tras la disolución de la entidad financiera.

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La iniciativa contempla la designación de administradores independientes por un período de hasta ocho meses, quienes tendrán la responsabilidad de ordenar las cuentas de las compañías afectadas y asegurar que puedan continuar funcionando.

"Vamos a proteger los empleos de las empresas afectadas por la situación de Ueno Bank. Mi prioridad es que estas empresas sigan trabajando y que la gente no pierda su empleo", expresó Alliana a través de su cuenta de X.

El asesor jurídico de la Presidencia, Eduardo González, explicó que el proyecto permitirá establecer un régimen especial de administración temporal para aquellas sociedades vinculadas a entidades financieras que se encuentren en proceso de resolución.

Entre las medidas previstas se encuentra el apartamiento de los actuales directores, gerentes y apoderados generales, quienes deberán entregar la documentación y los bienes de las compañías a los administradores designados.

Además, se establecerán restricciones para transferir bienes, distribuir dividendos, pagar créditos a accionistas o realizar movimientos de dinero fuera de las operaciones habituales, con el propósito de preservar el patrimonio de las empresas.

El Estado no asumirá las deudas de las compañías

Uno de los puntos centrales del proyecto establece que el Gobierno paraguayo no se hará cargo de las deudas de las empresas alcanzadas por la medida.

González también aclaró que la intervención no se aplicará automáticamente a todas las firmas que hayan tenido relaciones comerciales con Ueno Bank, sino únicamente a aquellas que cumplan determinados criterios de vinculación y control establecidos por las autoridades financieras.

La propuesta contempla, además, la creación de un Consejo de Supervisión de Sociedades Vinculadas, integrado por representantes de organismos del Estado y con participación del Banco Central del Paraguay.

El objetivo será preservar los activos, mantener los contratos vigentes y garantizar la continuidad laboral, evitando que las dificultades financieras derivadas de la disolución del banco provoquen nuevos cierres y despidos.

De esta manera, el Gobierno de Pedro Alliana busca contener las consecuencias económicas y laborales de la crisis de Ueno Bank, mientras espera que el Congreso avance con el tratamiento de la iniciativa.