El Gobierno logró dictamen para la Ley Malvinas tras aceptar cambios y buscará tratarla el 12 de noviembre

El Gobierno de Javier Milei consiguió el dictamen de mayoría para el proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, conocido como Ley Malvinas, luego de aceptar una serie de modificaciones reclamadas por los bloques aliados. De esta manera, la iniciativa quedó en condiciones de avanzar hacia el recinto de la Cámara de Diputados.

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La fecha que maneja el oficialismo para su tratamiento es el jueves 12 de noviembre, aunque todavía no existe una convocatoria definitiva y el cronograma podría sufrir modificaciones debido a la visita del papa León XIV a la Argentina.

El proyecto, impulsado principalmente por el asesor presidencial Santiago Caputo, busca reforzar las herramientas legales para proteger los recursos naturales argentinos en el Atlántico Sur y establecer nuevas disposiciones en materia de defensa, inteligencia y seguridad nacional.

Los cambios que aceptó el oficialismo

Uno de los puntos centrales de la iniciativa establece sanciones más severas para quienes exploten recursos naturales sin autorización argentina en las Islas Malvinas y otras áreas del Atlántico Sur.

Las penalidades alcanzan tanto a la explotación de hidrocarburos como a otras actividades vinculadas con recursos renovables y no renovables. También contemplan multas y la suspensión o cancelación de habilitaciones para operar en el país.

Sin embargo, este apartado generó cuestionamientos, incluso desde Estados Unidos, por las posibles consecuencias que las sanciones podrían tener sobre empresas de ese país.

Ante estas objeciones, el Gobierno aceptó limitar la responsabilidad a las empresas que intervengan directamente en actividades consideradas ilegales, incluyendo operadoras, licenciatarias, proveedores y accionistas directos de los proyectos.

De esta manera, quedaron excluidos los accionistas minoritarios con participaciones de hasta el 2% y los fondos de inversión que mantengan vínculos indirectos con las compañías involucradas.

La creación de un Consejo de Seguridad Nacional

Otro de los aspectos relevantes del proyecto es la creación de un Consejo de Seguridad Nacional, que tendrá la responsabilidad de coordinar las políticas relacionadas con defensa, inteligencia y seguridad interior.

El organismo estará encabezado por el Presidente de la Nación e integrado por funcionarios de áreas estratégicas del Poder Ejecutivo, entre ellos representantes de la Jefatura de Gabinete y los ministerios de Relaciones Exteriores, Defensa, Economía y Seguridad.

Además, tendrá atribuciones para analizar y eventualmente aprobar o rechazar inversiones provenientes de Estados extranjeros o empresas vinculadas con esos países en sectores considerados estratégicos.

Entre las actividades alcanzadas se encuentran la energía, las telecomunicaciones, los hidrocarburos, la minería, la defensa y la industria espacial.

A pedido de los bloques dialoguistas, el oficialismo también aceptó incorporar la posibilidad de que autoridades legislativas y gobernadores participen en determinadas reuniones, según los asuntos que se analicen.

Asimismo, se acordó crear una Comisión Bicameral de Seguimiento, encargada de controlar las decisiones y los procedimientos del nuevo organismo.

Según las modificaciones introducidas, el Poder Ejecutivo deberá informar a esa comisión, dentro de las 48 horas, las medidas de seguridad adoptadas por el Consejo.

Cambios en las sanciones por injerencia extranjera

Otro de los puntos que generó controversias fue el apartado que establece penas de entre cinco y doce años de prisión para quienes, actuando por cuenta o con financiamiento de un Estado extranjero, intenten interferir en procesos electorales o manipular la opinión pública.

Ante los cuestionamientos, el oficialismo aceptó precisar la definición de las denominadas campañas de injerencia extranjera.

La nueva redacción contempla acciones organizadas, clandestinas, engañosas o ilícitas destinadas a alterar elecciones, influir indebidamente en la formación de la voluntad política o condicionar decisiones de las autoridades.

También incorpora exclusiones expresas para evitar que determinadas actividades legítimas queden comprendidas dentro de las sanciones.

Entre ellas se encuentran el ejercicio del periodismo, la investigación académica, las actividades diplomáticas y la expresión pública de opiniones de gobiernos extranjeros, siempre dentro de los marcos legales correspondientes.

No obstante, algunos legisladores aliados mantienen objeciones sobre la redacción de determinados artículos y anticiparon que podrían reclamar nuevas modificaciones antes de acompañar la iniciativa en el recinto.

El oficialismo busca aprobar la ley en noviembre

Con el dictamen de mayoría obtenido, La Libertad Avanza dio un paso importante para avanzar con una de las iniciativas prioritarias del Gobierno nacional.

Sin embargo, todavía deberá garantizar los votos necesarios para conseguir su aprobación en la Cámara de Diputados.

Las negociaciones con los sectores dialoguistas continuarán durante los próximos días, especialmente sobre los artículos que mantienen diferencias entre los bloques.

Por el momento, el jueves 12 de noviembre aparece como la fecha tentativa para el debate, aunque su confirmación dependerá del avance de las conversaciones parlamentarias y de la organización de la agenda legislativa.