Caso $LIBRA: apelaron el sobreseimiento de Milei con duros cuestionamientos al juez y al fiscal

Apenas un día hábil después de que la Justicia dictara el sobreseimiento de Javier Milei, Karina Milei y otros nueve acusados en la causa $LIBRA, uno de los inversores afectados apeló la resolución y solicitó que se revoque para que la investigación continúe.

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Se trata de Juan Patricio Marchetto, quien presentó un recurso de 40 carillas patrocinado por los abogados Juan Grabois y Nicolás Rechanik. En el escrito, cuestionó el proceder del juez federal Marcelo Martínez de Giorgi y del fiscal Eduardo Taiano, y sostuvo que la decisión judicial se adoptó sin agotar medidas relevantes para esclarecer los hechos.

Marchetto es el primero de los damnificados que intenta mantener abierta la investigación tras invocar su derecho a recurrir como “pretenso querellante”. Su situación procesal todavía debe ser definida por la Cámara Federal de Casación Penal, que tiene pendiente resolver si corresponde reincorporarlo al expediente o excluirlo de manera definitiva.

Los cuestionamientos al juez y al fiscal

En su apelación, Marchetto sostuvo que Martínez de Giorgi incurrió en “contradicciones” y “confusiones”, realizó una valoración fragmentaria de las pruebas, omitió considerar otros elementos y presentó una fundamentación que calificó de aparente.

El argumento central apunta a que, según el inversor, el juez confundió la insuficiencia de pruebas con la atipicidad de los hechos. Es decir, cuestionó que se concluyera que las conductas investigadas no encuadraban en ninguna figura penal cuando, a su entender, correspondía evaluar si los elementos reunidos hasta el momento resultaban suficientes para acreditar una hipótesis delictiva.

También dirigió críticas al fiscal Taiano por el desarrollo de la investigación. Según planteó, la fiscalía ocultó información, demoró la producción de pruebas, omitió convocar a testigos y no solicitó declaraciones indagatorias. Además, cuestionó que promoviera el sobreseimiento de los once imputados mientras todavía había diligencias pendientes.

“Cuando la misma Fiscalía que considera necesarias determinadas diligencias promueve posteriormente la clausura definitiva del proceso antes de que estas concluyan, corresponde exigir una explicación especialmente rigurosa acerca de las razones por las cuales aquello que se encontraba investigando perdió relevancia antes de conocerse su resultado”, sostuvo Marchetto.

Entre las medidas que señaló como pendientes figura la ampliación de las pericias telefónicas encomendadas a la Dirección General de Investigaciones y Asistencia Tecnológica (DATIP) sobre los dispositivos de Orlando Mellino y Camilo Rodríguez Blanco, identificados en la causa como los “cueveros” que recibieron fondos del estadounidense Hayden Mark Davis.

El recurso también cuestionó que Taiano no citara a declarar a varios testigos que, según el inversor, podrían aportar información relevante para reconstruir los hechos. Entre ellos mencionó a Ariel Parkinson, Arturo Osete Herraiz, los hermanos Marcelo y Leandro Aranda y la abogada Yanina Nicoletti, quien fue la primera representante legal de Davis en la Argentina.

Otro de los puntos planteados fue que ninguno de los once imputados sobreseídos había sido convocado a prestar declaración indagatoria. Para Marchetto, esa circunstancia debía analizarse junto con las medidas investigativas que continuaban en curso.

El rol de Milei antes del lanzamiento de $LIBRA

La apelación sostiene que el expediente contiene indicios que deben evaluarse de manera conjunta para determinar cuál fue el papel del Presidente durante la preparación, el lanzamiento y el colapso del criptoactivo, ocurrido el 14 de febrero de 2025.

Uno de los ejes es la secuencia de comunicaciones entre Milei y el lobista Mauricio Novelli, uno de los principales organizadores investigados, durante los minutos previos a la publicación presidencial que difundió $LIBRA.

Según los registros telefónicos citados en el recurso, Novelli realizó llamadas salientes a Milei a las 18:44:32, 18:54:38 y 18:58:02. También recibió una llamada entrante del mandatario a las 18:56:22. La publicación presidencial con el código alfanumérico para comprar el criptoactivo apareció en la cuenta de X de Milei a las 19:01:22.

A esa cronología, Marchetto sumó las operaciones registradas inmediatamente antes de que el activo se hiciera público. Según la reconstrucción de transacciones mencionada en el escrito, a las 19:01, apenas 22 segundos antes del mensaje presidencial, 74 billeteras realizaron 87 operaciones por un volumen aproximado de US$ 13,5 millones.

“Existen registros objetivos de comunicaciones entre uno de los principales organizadores investigados [por Novelli] y el Presidente de la Nación durante los minutos inmediatamente anteriores al lanzamiento; existen operaciones realizadas instantes antes de que la información se hiciera pública; y existe, finalmente, la publicación presidencial que permitió que el público general conociera el contrato e ingresara al activo”, destacó.

El inversor sostuvo que esos elementos deben esclarecerse para determinar si existió coordinación entre quienes prepararon y promovieron el proyecto, las operaciones previas a su difusión pública y la intervención del Presidente. En ese sentido, cuestionó que los hechos fueran analizados de manera fragmentaria, sin completar las medidas necesarias para establecer qué relación pudo existir entre ellos.

La presentación también apunta a los movimientos de fondos posteriores al lanzamiento y a la identidad de quienes captaron el dinero aportado por los compradores. Marchetto cuestionó que no se profundizara en quiénes recibieron esos fondos, qué información tenían al operar, qué vínculos mantenían con los organizadores y por qué una parte sustancial del dinero terminó concentrada en determinadas billeteras identificadas durante la investigación.

Las dudas sobre el informe de la DATIP

Otro capítulo del recurso se refiere al tratamiento del informe de la DATIP sobre los dispositivos electrónicos secuestrados durante la investigación.

Martínez de Giorgi había aludido a irregularidades examinadas en un sumario administrativo por el acceso indebido a documentación reservada de la causa y consideró que esas circunstancias afectaban la valoración probatoria del informe.

Marchetto cuestionó ese razonamiento y sostuvo que el sumario no había acreditado que la empleada investigada compartiera la documentación con una periodista o con terceros, ni que el informe hubiera sido manipulado.

Además, señaló que la fiscalía de Taiano había recibido el informe preliminar en noviembre de 2025, antes de la publicación periodística de los documentos cuestionados.

Por ese motivo, planteó interrogantes sobre las razones por las cuales el contenido del informe no se había comunicado oportunamente al juzgado y a las partes. “Sigue resultando cuanto menos curioso” conocer la motivación de la Fiscalía para no informar sobre ese material, sostuvo en su presentación.

El derecho a apelar el sobreseimiento

La presentación también tiene una dimensión procesal. Martínez de Giorgi apartó a Marchetto como querellante el 3 de julio pasado, decisión que fue confirmada por la Cámara Federal. Sin embargo, su exclusión continúa bajo revisión de la Casación, ante la cual presentó una queja que todavía debe resolverse.

El inversor advirtió que, si los sobreseimientos quedaran firmes antes de que Casación se pronunciara sobre su planteo, una eventual restitución de su condición de querellante podría perder eficacia práctica: podría ser reincorporado a una causa cuya investigación ya estuviera definitivamente cerrada.

Para fundamentar su derecho a recurrir, citó el plenario “Zichy Thyssen”, de 2006, que estableció que el pretenso querellante está legitimado para interponer los recursos de competencia de Casación. También invocó los derechos de las víctimas reconocidos por la ley, entre ellos, el acceso a la justicia, la información, la participación y la tutela judicial efectiva.

Con esta apelación, Marchetto busca que se revise el sobreseimiento y que la investigación continúe con el análisis de las pruebas y la realización de las medidas que considera pendientes. La decisión sobre su legitimación para intervenir en el expediente permanece, por su parte, a la espera de una definición de la Casación Penal.