Investigan cinco préstamos por $155 millones y una presunta triangulación financiera en la causa contra Nora Villarroya

La Justicia profundiza la investigación sobre cinco préstamos por un total de $155 millones que habrían sido gestionados por la contadora Nora Isabel Villarroya, en el marco de una causa por presuntas maniobras financieras que habrían perjudicado a una médica de apellido Ortiz y a la firma agropecuaria D.E.J.D.E. SRL, con oficinas en Clodomira, departamento Banda.

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Uno de los principales ejes de la pesquisa es una presunta triangulación de fondos entre cuentas de clientes, una financiera ubicada sobre calle 24 de Septiembre y una cooperativa, de la que Villarroya sería socia. Esta última condición habría sido confirmada por un apoderado de la entidad, según se expuso durante una audiencia en la que el juez de Control y Garantías, Héctor Salomón, ratificó la prisión preventiva de la imputada por siete meses.

Villarroya fue detenida el 18 de agosto, acusada de provocar un presunto desfalco millonario. Desde entonces, la fiscal Celia Mussi y los abogados querellantes avanzan con nuevas medidas, a partir de informes bancarios de dos entidades, cheques secuestrados y el análisis de equipos informáticos.

La relación con la cooperativa, bajo la lupa

La posible vinculación societaria de la contadora con la cooperativa se convirtió en uno de los puntos centrales de la investigación. Según trascendió, el apoderado de la entidad habría presentado un escrito con esa información, aunque la fiscal Mussi pretendería escuchar personalmente a la titular de la financiera para profundizar sobre las operaciones.

La declaración de la responsable de la firma podría aportar datos sobre las transacciones, el uso de chequeras y otras operatorias que habrían involucrado a Villarroya y a la cooperativa.

Los querellantes buscan establecer, en particular, por qué la contadora habría cambiado cheques en la misma entidad de la que sería socia y cuál habría sido el destino de los fondos. La hipótesis es que esa relación podría explicar parte de las operaciones millonarias que se encuentran bajo análisis.

De acuerdo con los informes bancarios incorporados a la causa, entre julio y octubre de 2025 Villarroya habría obtenido cinco préstamos. Los investigadores intentan determinar cómo se distribuyeron esos recursos y si posteriormente habrían sido sostenidos o respaldados mediante movimientos vinculados con distintos clientes que hoy figuran como denunciantes.

El presunto entramado financiero

Los expertos del Departamento Delitos Económicos analizan la documentación para reconstruir el funcionamiento de las operaciones y establecer por qué la financiera y la cooperativa, ambas señaladas en la pesquisa, funcionarían en un mismo edificio.

Otra de las líneas investigativas apunta a determinar si existieron otros beneficiarios de las operaciones millonarias que todavía no fueron identificados formalmente.

Una de las hipótesis sostiene que Villarroya habría utilizado las cuentas de sus clientes como intermediarias para gestionar asistencia financiera y contraer compromisos sin que los titulares estuvieran al tanto. Un funcionario policial indicó que la imputada habría operado las cuentas a través de plataformas de home banking, en lugar de hacerlo personalmente.

Los investigadores también procuran establecer si hubo una circulación constante de dinero entre distintas cuentas y si algunos de esos movimientos estuvieron acompañados por la emisión de facturas sin una relación comercial efectiva entre las partes.

Según esa línea de análisis, algunos de los presuntos damnificados habrían aparecido emitiendo facturas a favor de personas con las que no habrían mantenido vínculos comerciales. La documentación bancaria y contable será determinante para comprobar o descartar esa hipótesis.

Bienes y patrimonio en investigación

En paralelo, los investigadores examinan el patrimonio de Villarroya, en particular el que tendría en una propiedad ubicada en el departamento Robles.

Entre los elementos que habrían sido documentados figuran un viñedo, un sistema de riego por aspersión y una carpa de estilo beduino. También se indagaría sobre la posible existencia de otros bienes.

Sin embargo, la pesquisa todavía debe establecer si esos activos guardan alguna relación con los hechos investigados y si su valor permite explicar, siquiera parcialmente, el volumen económico de las operaciones cuestionadas.

Los investigadores no descartan que otras personas puedan quedar bajo la lupa, ya sea por una eventual participación en las maniobras o por haber recibido beneficios económicos. Por el momento, esa posibilidad forma parte de las líneas de investigación y no implica que existan nuevas imputaciones confirmadas.

Dos poderes y siete cheques cuestionados

Otro tramo de la causa está relacionado con las facultades que algunos clientes habrían otorgado a la contadora mediante dos poderes: uno de administración y otro de disposición de bienes.

En uno de los casos, un cliente le habría entregado siete cheques y autorizado a utilizarlos para cancelar una deuda con un proveedor de agroquímicos de Fernández, en el departamento Robles. Sin embargo, la hipótesis investigativa sostiene que esos valores habrían terminado en operaciones con la financiera que se encuentra bajo análisis.

Ese episodio constituye uno de los hechos que se le reprochan a Villarroya. La contadora, por su parte, se defendería argumentando que las operaciones deben analizarse a la luz de las facultades que le fueron conferidas y de la situación patrimonial de cada una de las partes, incluidos sus activos y pasivos.