Desarticulan una estafa desde prisión en Jujuy con identidad falsa de juez

Cuatro internos del Establecimiento Penitenciario N° 7 de Alto Comedero han sido imputados por la Justicia federal en relación con un caso de supuesta asociación ilícita que incluye delitos de estafa, extorsión y usurpación de autoridad. Estos individuos, identificados como Cristian Mariano Ariel Acho, Sebastián Ariel López, Walter Rodrigo Vargas y Ramón Atilio Ríos, se hacían pasar por Horacio Rosatti, actual presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, utilizando su nombre para llevar a cabo maniobras fraudulentas.

La investigación, que comenzó a finales de 2024, reveló que las actividades delictivas se ejecutaron desde el Establecimiento Penitenciario N° 7 hasta el 30 de octubre de 2025. Durante este período, los sospechosos se valieron de diversas técnicas para estafar a sus víctimas, incluyendo el uso de teléfonos móviles, tarjetas SIM, y cuentas bancarias a nombre de terceros.

Los imputados adoptaron la identidad de Rosatti, utilizando su imagen, cargo y otros elementos distintivos de la Corte Suprema. A través de perfiles de Whatsapp con fotografías del juez y comunicados que incluían imágenes de los Tribunales federales, lograron engañar a dependencias policiales y penitenciarias, solicitando datos confidenciales de personas detenidas.

Con la información obtenida, los estafadores contactaron a familiares de los presos, exigiendo pagos a cambio de promesas de libertad o trámites judiciales. En algunos casos, incluso hacían pasar por representantes de empresas privadas, ofreciendo premios ficticios para obtener transferencias de dinero bajo la excusa de gastos de gestión.

La investigación fue desencadenada el 25 de noviembre de 2024, cuando un individuo que se hacía llamar Horacio Rosatti solicitó información sobre detenidos, lo que llevó a las autoridades a rastrear la llamada y descubrir su procedencia del establecimiento penitenciario. Como resultado, se llevaron a cabo allanamientos y intervenciones telefónicas, recolectando pruebas que confirmaron las actividades delictivas.

Durante las requisas, se encontraron teléfonos celulares, registros de transferencias y anotaciones que evidenciaban las maniobras de la banda. Entre las víctimas se incluye a Claudio Ariel Sarmiento, quien transfirió 450 mil pesos, y Fernando Alex Bautista Casimiro, quien perdió 429 mil 500 pesos bajo promesas engañosas de premios. El juez Julián Ercolini ha establecido un embargo de 5 millones de pesos sobre los bienes de cada uno de los procesados.