La presentación acusa a la ministra de Seguridad de discriminación e incitación a la violencia. El cuestionamiento apunta a una publicación que relacionó las manifestaciones estudiantiles con escenas de disturbios.
La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, fue denunciada penalmente por presunta discriminación, incitación a la violencia colectiva e incumplimiento de los deberes de funcionaria pública, a raíz de una publicación en la red social X en la que compartió imágenes de disturbios junto con la frase: “Así los universitarios reclaman sus derechos”. HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO El posteo cuestionado fue publicado el 15 de octubre de 2026, a las 18.20, en el contexto de la reciente marcha federal universitaria. Para los denunciantes, el mensaje de la ministra excedió la crítica a posibles incidentes puntuales y terminó estigmatizando al conjunto de la comunidad universitaria. La presentación fue realizada en los tribunales federales de Comodoro Py por los abogados José Lucas Magioncalda, Juan Martín Fazio y José Luis Matilla, integrantes de la agrupación Reset Republicano, quienes cuestionaron que la titular de Seguridad asociara el reclamo por el financiamiento de las universidades públicas con episodios de violencia protagonizados por personas que, según señalaron, no fueron identificadas. En el escrito sostuvieron que la funcionaria vinculó de manera “generalizada, arbitraria y temeraria” el reclamo por el presupuesto educativo y el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario con “la delincuencia y la violencia”. En ese sentido, cuestionaron especialmente el uso de la expresión “Así los universitarios”, porque, según argumentaron, “despoja de individualidad a los autores de cualquier desmán e imputa una conducta criminal a la totalidad del colectivo estudiantil, docente y no docente de las universidades públicas del país”. Los abogados solicitaron que se investigue si la publicación puede encuadrar en el artículo 3 de la Ley Antidiscriminatoria 23.592, el artículo 212 del Código Penal —que contempla la incitación a la violencia colectiva— y el artículo 248, referido al abuso de autoridad y al incumplimiento de los deberes de funcionario público. Respecto de la posible incitación a la violencia, señalaron que el mensaje fue difundido desde una posición de poder institucional y que, por su alcance, podría generar un riesgo para el colectivo universitario. La denuncia también invoca jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para sostener que los funcionarios públicos deben actuar con especial cuidado al emitir declaraciones que puedan afectar a determinados grupos sociales, particularmente en contextos de conflicto. En esa línea, los denunciantes afirmaron que la imputación genérica de hechos violentos a un colectivo, sin identificar a sus responsables, “tensiona la presunción de inocencia” y puede contribuir a la estigmatización de quienes ejercen legítimamente un derecho. El escrito también apunta contra la conducta de Monteoliva a la luz de las normas de ética pública. Cita la Ley 25.188 y el Código de Ética de la Función Pública, que establecen pautas de prudencia, legalidad, veracidad e igualdad de trato para quienes ejercen cargos estatales. Para los abogados, el caso debe analizarse teniendo en cuenta que la publicación fue realizada por la máxima autoridad nacional en materia de seguridad interior y no por un particular. Como parte de las medidas de prueba, los denunciantes ofrecieron una captura de pantalla del posteo y solicitaron que se preserve y certifique la dirección URL mediante una constatación notarial o un peritaje informático. También requirieron que se libre un oficio a la empresa X Corp. para que informe sobre la titularidad de la cuenta, los registros de acceso y las direcciones IP vinculadas con la publicación. Los tres abogados, que se identificaron como graduados y docentes de la Universidad de Buenos Aires, pidieron además que se les reconozca el carácter de víctimas en los términos de la Ley 27.372. Finalmente, solicitaron que se tenga por presentada la denuncia, se ordene su ratificación y se dispongan medidas urgentes para evitar la eliminación o alteración de los registros digitales. La denuncia recayó, tras el sorteo, en el juzgado federal 2 a cargo de Sebastián Ramos.
