Juicio por incendio en la Alcaidía de Salta con un interno fallecido

El fiscal penal 1 de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas, Santiago López Soto, ha formulado acusaciones formales contra Lucas Gabriel Paz, Eduardo Marcelo Giménez, Cristian Emanuel Sarapura y Franco Simón Olbrich por su presunta participación en un incendio ocurrido en la Alcaidía Judicial de Salta Capital. Los imputados están acusados de delitos de estrago doloso por poner en peligro la vida de terceros y de estrago doloso seguido de muerte, según lo estipulado en el artículo 186 del Código Penal argentino.

La hipótesis del fiscal sostiene que el 26 de octubre de 2025, alrededor de las 22:20, los cuatro acusados habrían actuado en conjunto para iniciar el fuego en la celda 6 del pabellón B de la Alcaidía. Según la acusación, los imputados colocaron un catre y colchones contra las rejas de la celda, lo que obstruyó tanto el acceso como la ventilación del espacio.

Posteriormente, habrían confeccionado un mechero con papel higiénico y encendido el fuego en los colchones. Se alega que el imputado Giménez fue responsable de añadir más colchones al incendio, lo que incrementó la intensidad del mismo. En el momento del incidente, había 24 internos en la celda, quienes no pudieron escapar por sus propios medios, lo que generó un peligro inminente para su vida y salud.

Los internos debieron esperar la intervención del personal penitenciario, que utilizó matafuegos para extinguir el fuego. Varias personas resultaron lesionadas, algunas de gravedad. Entre los afectados se encontraba Ezequiel Fernando Avendaño Laime, quien lamentablemente falleció el 8 de noviembre de 2025 en el Hospital San Bernardo debido a las graves quemaduras y complicaciones que sufrió.

Según los informes médicos presentados en la causa, Avendaño Laime murió como consecuencia de un cuadro de shock séptico y falla multiorgánica, derivadas de las lesiones ocasionadas por el incendio. El fiscal López Soto ha detallado en el requerimiento a juicio las pruebas obtenidas durante la investigación, que incluyen declaraciones testimoniales, un informe técnico de Bomberos, grabaciones de cámaras de seguridad, así como informes médicos y constancias hospitalarias.

Este caso pone de relieve la grave situación en las instalaciones penitenciarias, donde las condiciones de hacinamiento y la falta de seguridad pueden resultar en tragedias como la descrita. La Fiscalía está comprometida en llevar a cabo un proceso justo que esclarezca los hechos y determine las responsabilidades pertinentes, asegurando así la justicia para las víctimas y sus familias.