Malvinas: Argentina pidió al Tribunal del Mar frenar la explotación petrolera de Sea Lion

El Gobierno de Javier Milei presentó este martes ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar una solicitud de medidas provisionales para frenar la explotación petrolera del proyecto Sea Lion, ubicado en la Cuenca Malvinas Norte. La iniciativa se concretó tras el vencimiento del plazo de dos semanas que la Argentina había otorgado al Reino Unido para que detuviera las actividades vinculadas con el desarrollo del yacimiento.

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El objetivo de la presentación es obtener una decisión urgente que preserve los derechos que reclama el país sobre su plataforma continental, mientras avanza la conformación del tribunal arbitral que deberá analizar el fondo de la controversia.

La Oficina del Presidente confirmó la presentación en un comunicado difundido el 13 de octubre. "La República Argentina ha presentado hoy ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar una solicitud de medidas provisionales para impedir la explotación de hidrocarburos por el Reino Unido en la plataforma continental de la Cuenca Malvinas Norte", señaló el documento.

El pedido busca impedir nuevos avances del proyecto mientras el organismo examina los argumentos argentinos y determina si se cumplen las condiciones para adoptar medidas urgentes. Según la Presidencia, la solicitud apunta a "preservar los derechos soberanos argentinos sobre su plataforma continental y evitar que las actividades autorizadas de manera unilateral e ilegal por el Reino Unido agraven la controversia reconocida por las Naciones Unidas".

El procedimiento internacional y los antecedentes

La presentación constituye un nuevo paso de la estrategia internacional anunciada por Milei el 28 de septiembre. En esa oportunidad, la Argentina notificó al Reino Unido el inicio de un procedimiento previsto en el Anexo VII de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR) y le concedió dos semanas para adoptar medidas contra el proyecto.

El plazo venció el lunes 12 de octubre. Tras el rechazo británico al planteo argentino y la defensa de las autorizaciones otorgadas por las autoridades de las islas, el Gobierno avanzó con la solicitud ante el Tribunal del Mar, con sede en Hamburgo, Alemania.

La Cancillería, encabezada por Pablo Quirno, coordina la gestión diplomática y el procedimiento internacional. En la preparación técnica participaron la Consejería Legal Internacional, a cargo del embajador Mario Oyarzábal, y la Procuración del Tesoro, dirigida por Sebastián Amerio.

El pedido se fundamenta en el artículo 290, párrafo quinto, de la CONVEMAR, que permite solicitar medidas provisionales al Tribunal antes de que se constituya el órgano arbitral encargado de resolver la controversia principal. La norma contempla intervenciones urgentes para preservar los derechos de las partes o prevenir daños graves al medio marino.

El arbitraje previsto en el Anexo VII será el proceso de fondo y contempla la conformación de un tribunal de cinco integrantes. Mientras ese órgano se constituye, el Tribunal del Mar puede evaluar si existe una base suficiente para considerar que el futuro tribunal tendría jurisdicción y si las circunstancias justifican la adopción de medidas provisionales.

Las medidas que disponga el organismo son obligatorias para las partes. Una vez constituido, el tribunal arbitral podrá mantenerlas, modificarlas o dejarlas sin efecto.

Entre los antecedentes invocados por la Argentina figura el caso de la Fragata ARA Libertad, retenida en Ghana en 2012 por un reclamo de acreedores de deuda soberana. El 14 de noviembre de ese año, el país solicitó la intervención del Tribunal del Mar y, el 15 de diciembre, el organismo ordenó la liberación inmediata e incondicional del buque.

También existe el antecedente de la controversia marítima entre Ghana y Costa de Marfil. En 2015, una sala especial del Tribunal dispuso que no se realizaran nuevas perforaciones en una zona cuya delimitación estaba en disputa, aunque permitió que continuaran determinadas operaciones existentes.

Si se siguiera un calendario similar al del caso de la Fragata Libertad, una primera decisión sobre Sea Lion podría conocerse en noviembre. Sin embargo, hasta el momento no se anunciaron fechas para las audiencias ni para la resolución.

Sea Lion prevé perforaciones en 2027 y producción en 2028

El proyecto Sea Lion se encuentra a unos 220 kilómetros al norte de las Islas Malvinas. La empresa israelí Navitas Petroleum controla el 65 % de la iniciativa y está a cargo de su operación, mientras que la británica Rockhopper Exploration posee el 35 % restante. Rockhopper descubrió el yacimiento en 2010 y posteriormente incorporó a Navitas como socia mayoritaria.

A fines de 2025, las compañías adoptaron la decisión final de inversión para la primera etapa del desarrollo. El objetivo es comenzar la producción comercial de petróleo durante el primer trimestre de 2028, con perforaciones previstas para 2027.

La fase inicial contempla once pozos submarinos conectados a una unidad flotante de producción, almacenamiento y descarga de petróleo, conocida como FPSO. El 7 de octubre, Rockhopper informó un acuerdo por 44 millones de dólares para adquirir una participación en la sociedad propietaria del buque FPSO OSX-1, destinado a una nueva etapa del proyecto.

La Oficina del Presidente también informó que Halliburton confirmó que sus filiales se abstendrían de prestar servicios al desarrollo. Navitas, por su parte, comunicó que reemplazaba a dos contratistas, aunque sostuvo que mantenía sus planes y que no preveía un impacto material adverso.

La continuidad de las inversiones es uno de los factores que explican la urgencia planteada por la Argentina, que busca una definición antes del inicio de las perforaciones y del avance de nuevas etapas de explotación.

La posición argentina se sustenta en la disputa de soberanía reconocida por las Naciones Unidas, en las obligaciones internacionales relativas a la protección del medio marino y los recursos naturales, y en el rechazo a las decisiones unilaterales mientras persista la controversia.

La Resolución 2065 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, aprobada en 1965, reconoció la disputa entre la Argentina y el Reino Unido por las Islas Malvinas e instó a ambos países a negociar. En tanto, la Resolución 31/49, de 1976, pidió evitar decisiones que modificaran unilateralmente la situación mientras continuara el proceso de negociación.

Uno de los argumentos centrales del planteo argentino es que el petróleo constituye un recurso no renovable y que su extracción podría generar consecuencias materiales difíciles de revertir mediante una decisión judicial posterior. El Gobierno sostiene que la controversia debe analizarse a la luz de las obligaciones internacionales sobre los recursos marítimos, sin que sea necesario resolver en esta instancia la cuestión de la soberanía territorial de las islas.

El Reino Unido, en cambio, sostiene que las actividades autorizadas en las Malvinas se ajustan a la normativa aplicable y al derecho internacional.

En su comunicado, la Presidencia reafirmó los "legítimos e imprescriptibles derechos de soberanía" argentinos sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes.

La primera resolución del Tribunal del Mar determinará si corresponde adoptar medidas provisionales sobre Sea Lion mientras continúa el arbitraje destinado a resolver la controversia de fondo.