El oficialismo avanza con el proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional y busca llevarlo al recinto

El oficialismo consiguió avanzar con el debate del proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional durante un plenario de las comisiones de Defensa, Legislación Penal y Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados, en una extensa reunión que contó con la participación de especialistas y representantes convocados por distintos bloques.

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La intención de La Libertad Avanza es finalizar el tratamiento en comisión el miércoles 14 de octubre y llevar el proyecto al recinto el 21 de octubre, dentro de una sesión que incluiría otros temas de la agenda legislativa.

El debate continuará este miércoles desde las 11, con la exposición de María Ibarzabal Murphy, secretaria Legal y Técnica de la Presidencia. La iniciativa enviada por el Poder Ejecutivo contiene 133 artículos y propone modificaciones en áreas relacionadas con la defensa, la inteligencia y la seguridad nacional.

Uno de los principales ejes del proyecto es el endurecimiento de las sanciones contra personas y empresas que participen en la exploración o explotación no autorizada de recursos naturales en las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur, además de los espacios marítimos correspondientes.

Durante el plenario, sectores de la oposición plantearon la posibilidad de separar el proyecto en distintas partes y comenzar por el capítulo referido específicamente a las sanciones para las empresas que intervengan en actividades hidrocarburíferas en las islas.

Entre los especialistas e invitados que participaron del debate estuvieron representantes del CECIM, el Observatorio Malvinas y el CELS, además de exfuncionarios y especialistas en defensa, política exterior y soberanía.

Desde Unión por la Patria, los diputados Germán Martínez y Agustina Propato reclamaron también la presencia del canciller Pablo Quirno, del ministro de Defensa Carlos Presti y de la secretaria de Malvinas de la Cancillería, Paola Di Chiaro, para que expongan ante las comisiones sobre los alcances de la iniciativa.

Uno de los cuestionamientos más fuertes estuvo a cargo del exministro de Educación y actual diputado Daniel Filmus, quien sostuvo que algunos artículos vinculados con defensa y seguridad podrían generar consecuencias en la relación internacional del país.

Desde el Gobierno, en cambio, sostienen que el proyecto busca reforzar las herramientas del Estado para proteger los recursos naturales y la soberanía argentina, además de establecer mecanismos de coordinación frente a eventuales amenazas externas.

La iniciativa propone derogar la Ley 26.659 y reemplazarla por un régimen sancionatorio de mayor alcance. A diferencia de la normativa vigente, el nuevo esquema no estaría limitado exclusivamente a los hidrocarburos, sino que abarcaría también otros recursos naturales renovables y no renovables.

Entre las sanciones previstas aparecen penas de prisión, multas e inhabilitaciones, además de consecuencias económicas para las personas y empresas alcanzadas por las nuevas disposiciones. También se contempla la posibilidad de impedirles contratar con el Estado o acceder a determinados beneficios fiscales y previsionales.

El texto establece además la creación de un Sistema de Seguridad Nacional, que estaría coordinado por un Consejo encabezado por el Presidente y que tendría como objetivo articular políticas vinculadas con defensa, inteligencia, economía y protección de infraestructura crítica.

La jornada legislativa también estuvo marcada por un cruce entre diputados oficialistas y opositores. Durante su intervención, el libertario Beltrán Benedit volvió a reivindicar la visita que un grupo de legisladores de La Libertad Avanza realizó en 2024 a represores condenados y detenidos en el complejo penitenciario de Ezeiza.

Sus declaraciones generaron cuestionamientos de Germán Martínez y otros diputados de Unión por la Patria. Ante la tensión generada en el recinto de comisiones, el diputado oficialista Carlos Zapata intervino y dio por terminada la exposición de Benedit.

El episodio se produjo en medio de un debate en el que también aparecieron iniciativas destinadas a regular el comportamiento de los legisladores durante las sesiones. La diputada de Provincias Unidas Alejandra Torres, junto con otros integrantes de su espacio, presentó un proyecto de resolución para pedir que los debates parlamentarios se desarrollen dentro de un marco de respeto institucional.

En paralelo, la diputada libertaria Mercedes Llano propuso establecer sanciones para los legisladores que insulten dentro del Congreso, incluida la suspensión de la dieta. La iniciativa plantea diferenciar la crítica política, propia del debate democrático, de los agravios personales.

Mientras continúan las exposiciones y el intercambio entre oficialismo y oposición, el Gobierno mantiene su objetivo de obtener dictamen durante octubre y llevar el proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional al recinto el 21 de octubre.