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Policiales

Menor abusado: piden detener al papá e investigar a jueces nacionales por asociación ilícita y secuestro

Durante un extenso debate la defensora oficial, Ana Silvia Gerez, exigió que se detenga al progenitor del niño. Que se investigue a dos jueces de Buenos Aires. Sostiene que son miembros de una asociación ilícita.

Hoy 07:04

A dos meses y medio del inicio de la investigación por presunta corrupción de menores y abuso sexual en perjuicio de un niño de 8 años, la causa sumó este lunes un inesperado capítulo durante una audiencia que se extendió por más de cinco horas en Las Termas de Río Hondo.

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El encuentro había sido solicitado por la Fiscalía para requerir la prisión preventiva de la madre del niño, su abuela, su tía y el hombre señalado como presunto abusador. Sin embargo, el planteo que terminó modificando el eje del debate fue el formulado por la defensora oficial y representante del Ministerio Público Pupilar, Dra. Ana Silvia Gerez.

La funcionaria, encargada de velar por el interés superior del menor, cuestionó el procedimiento mediante el cual el niño fue trasladado fuera de Santiago del Estero y formuló una serie de pedidos que alcanzan a magistrados y funcionarios de Santiago del Estero y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Durante la audiencia, desarrollada ante el juez de Control y Garantías, Dr. Diego Vittar, Gerez solicitó formalmente una orden de captura nacional e internacional para el padre del menor, con el objetivo de lograr su localización y posterior restitución al centro de vida del niño.

Según expuso la representante tutelar, hasta el momento de la audiencia se desconocía el paradero del niño y de su progenitor. Explicó que el menor había sido dado de alta en el Hospital Garrahan y que su padre se retiró con él sin informar, al menos hasta ese momento, dónde se encontraban residiendo.

Gerez también reclamó investigar la actuación del padrino del niño, quien cuenta con una orden de detención vigente y permanece prófugo. En ese sentido, solicitó que un representante del Ministerio Público Fiscal informe sobre su situación, debido a que habría sido mencionado durante el desarrollo de la causa.

La defensora pidió además que preste declaración el Dr. Giordano, integrante de la Defensoría Oficial local, con el propósito de determinar "de quién recibió instrucciones procesales previas".

Asimismo, cuestionó la actuación del Dr. Roberto Jordán, a quien atribuyó haber impulsado una audiencia de excarcelación del progenitor sin otorgar previamente la intervención correspondiente al Ministerio Tutelar.

Según sostuvo Gerez, esa presunta omisión habría vulnerado el esquema de protección de derechos humanos y garantías constitucionales que amparan al menor.

El planteo también alcanzó al fuero porteño. La representante tutelar solicitó investigar a la titular del Juzgado Civil N° 82 de CABA, Dra. Soledad Valente, y al juez Javier Alejandro Siderio, por presunta asociación ilícita, sustracción de menores e incumplimiento de deberes, entre otras figuras, a partir de las decisiones que habrían permitido el traslado del niño a Buenos Aires.

La defensora cuestionó además la utilización de instrumentos cuya validez habría sido objetada y reclamó la intervención del Ministerio Tutelar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de los funcionarios que participaron del procedimiento.

En paralelo, solicitó la urgente intervención de la Corte Suprema de Justicia de la Nación para revisar las decisiones adoptadas por magistrados que, según su interpretación, habrían actuado sin competencia territorial suficiente.

A raíz de los planteos formulados durante la audiencia, el juez Vittar ordenó que el Ministerio Público Fiscal inicie una investigación sobre las circunstancias denunciadas por Gerez, quien aseguró que puede aportar elementos de prueba que respalden sus afirmaciones.

Por su parte, la fiscal Dahiana Pérez Vicens sostuvo la hipótesis investigativa que involucra al entorno familiar del niño en presuntos episodios de abuso y corrupción de menores. Según la acusación, los hechos habrían ocurrido en el marco de una fiesta de cumpleaños y de encuentros de carácter sexual, algunos de ellos vinculados, de acuerdo con la investigación, con rituales umbandas.

La Policía de la Provincia continúa trabajando en la identificación de domicilios y personas que podrían estar relacionados con esta línea investigativa.

Parte de esta hipótesis surge de los dichos aportados por el niño durante la entrevista en Cámara Gesell, donde habría relatado la realización de ceremonias clandestinas con participación de terceros.

La fiscalía considera que esos testimonios constituyen uno de los elementos que sustentan la acusación por corrupción de menores contra integrantes del entorno familiar. No obstante, el Ministerio Público Fiscal mantiene cautela respecto de nuevas detenciones y busca reunir elementos adicionales que permitan consolidar el cuadro probatorio y evitar eventuales nulidades procesales.

Uno de los puntos centrales del debate fue la existencia de informes médicos contrapuestos. Un estudio realizado en el Hospital Garrahan prácticamente descartó la presencia de signos compatibles con vejaciones sexuales en el niño, lo que generó un fuerte contrapunto con los estudios realizados por peritos forenses santiagueños, quienes previamente habían informado la existencia de lesiones.

La diferencia entre ambos dictámenes se convirtió en uno de los principales puntos de discusión entre las partes y mantiene abierta una controversia técnica dentro del expediente. Frente a esta situación, las partes analizan recurrir a un nuevo estudio médico en la Capital Federal, realizado por profesionales que puedan actuar como instancia neutral.

Durante la audiencia, los abogados protagonizaron fuertes cruces en torno a la evidencia reunida. La Dra. Natali Moreno, representante de la defensa de las tres mujeres imputadas, sostuvo que sus asistidas son ajenas a cualquier ataque sexual y solicitó su excarcelación. Los abogados Roxana Mera y Guillermo Salvatierra Paz plantearon argumentos similares en representación del hombre detenido por su participación como anfitrión de la fiesta.

Finalmente, el juez Diego Vittar resolvió mantener la prisión preventiva de la madre, la tía y la abuela del niño por la presunta comisión del delito de corrupción de menores.

En cambio, no mantuvo la acusación vinculada con su eventual participación en los presuntos abusos sexuales, al considerar que esa imputación no encontraba, en esta instancia, suficiente sustento.

El principal beneficiado por la resolución fue el anfitrión de la fiesta de cumpleaños, para quien Vittar dispuso la excarcelación y dictó la falta de mérito. El hombre recuperó la libertad de inmediato, aunque continuará vinculado al proceso mientras avance la investigación.

Durante la audiencia, los abogados también remarcaron que el niño habría proporcionado el nombre de su supuesto abusador, pero señalaron que la descripción aportada no coincidiría con las características físicas y psicológicas del hombre imputado.

De este modo, la causa ingresa en una nueva etapa. Mientras la Fiscalía profundiza la investigación sobre el entorno familiar y los presuntos rituales umbandas, la representación tutelar abrió un frente paralelo para determinar si existieron irregularidades en el traslado del niño a Buenos Aires y en las actuaciones de los magistrados y funcionarios que intervinieron posteriormente.