Policía en Tucumán acusado de estafa millonaria a familias

Un escándalo de proporciones mayúsculas ha sacudido a la Policía de Tucumán tras la denuncia penal presentada contra un cabo en actividad que prestaba servicios en la Comisaría Seccional 6°. Este funcionario está acusado de liderar un esquema de fraude y estafa piramidal que ha afectado a más de 120 familias tucumanas, generando un perjuicio económico estimado en cerca de 500 millones de pesos.

La causa judicial fue iniciada tras la presentación de un empleado del Poder Judicial, quien reveló haber sido contactado por el cabo con la promesa de facilitarle el acceso irregular a una vivienda del Instituto Provincial de la Vivienda y Desarrollo Urbano (IPV). El uniformado se jactaba de contar con contactos de alto nivel en la administración pública y el ámbito político, lo que supuestamente le permitía eludir los sorteos oficiales de viviendas.

De acuerdo con el expediente acusatorio, el cabo ofrecía llaves e ingresos formalizados a unidades habitacionales en urbanizaciones de alta demanda como Manantial Sur, San Andrés y Lomas de Tafí. A cambio de gestionar adjudicaciones exprés, exigía desembolsos iniciales que oscilaban entre 2 y 5 millones de pesos bajo el pretexto de trámites administrativos reservados.

A medida que avanzaba el tiempo, el efectivo policial amplió su esquema fraudulento, asegurando tener más cupos disponibles y solicitando a los primeros afectados que reclutaran a familiares, amigos y compañeros de trabajo para que también pudieran acceder a estos beneficios. Decenas de personas, confiando en la condición de funcionario del acusado, realizaron transferencias de dinero, lo que llevó a un colapso del engaño.

La situación se tornó crítica cuando los afectados organizaron una reunión vecinal para exigir la devolución de su dinero. En medio de la presión, el cabo se encerró en una habitación, incapaz de proporcionar respuestas satisfactorias a los reclamos de las víctimas. Este momento de tensión evidenció la gravedad de las acusaciones y la magnitud del fraude.

Frente a la seriedad del caso y el avance de la investigación judicial, el Ministerio de Seguridad y la Jefatura policial decidieron pasar a disponibilidad al cabo denunciado, iniciando de inmediato un sumario administrativo interno. Mientras tanto, la Fiscalía de Delitos Complejos continúa recolectando pruebas, incluyendo comprobantes bancarios y testimonios, para esclarecer la situación procesal del acusado.