El deterioro de la actividad y el aumento de la pobreza se combinan con un escenario financiero más exigente.
El Gobierno de Javier Milei afronta el último trimestre de 2026 con un escenario económico más desafiante, marcado por la caída de la actividad, el incremento de la pobreza, la dificultad para acceder al financiamiento internacional y una inflación que, por el momento, no consigue perforar los niveles alcanzados durante los últimos meses.
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Uno de los principales focos de preocupación está puesto en el riesgo país, que durante septiembre registró una marcada suba y volvió a ubicarse en niveles cercanos a los que había alcanzado a fines del año pasado. Este jueves avanzó otro 2,2% y cerró en 578 puntos básicos, una cifra que encarece el acceso de la Argentina al mercado internacional de crédito.
El aumento tiene además una consecuencia inmediata para las cuentas públicas. Por tercera vez, el Tesoro deberá refinanciar vencimientos sin recurrir a una nueva colocación de títulos en dólares. La próxima operación está prevista para el lunes y el equipo económico buscará alternativas en pesos o instrumentos vinculados a la evolución del tipo de cambio.
La dificultad está relacionada con el costo que tendría volver al mercado internacional. El Gobierno pretende evitar tasas superiores al 10%, en un contexto en el que el deterioro de los indicadores financieros vuelve más caro el endeudamiento argentino.
El problema adquiere mayor dimensión si se tiene en cuenta que el plan financiero de 2027 contempla la colocación de unos USD 5.000 millones en Bonar 29. Con el riesgo país cerca de los 600 puntos, alcanzar ese objetivo en las condiciones previstas aparece como un desafío considerable.
La situación también empieza a repercutir sobre otros actores de la economía. Provincias y empresas encuentran mayores dificultades para emitir deuda, después de haber conseguido durante este año financiamiento internacional con tasas cercanas al 8% y plazos que llegaron hasta una década.
Un caso concreto fue el de San Juan, que finalmente logró colocar su primer bono internacional por USD 600 millones. La operación se concretó con un rendimiento apenas inferior al 10% anual, por encima del aproximadamente 9% que esperaba inicialmente el mercado.
El contexto financiero también genera preocupación por sus posibles efectos sobre el mercado cambiario. Un riesgo adicional es que la mayor incertidumbre incentive una mayor demanda de dólares o un desarme de posiciones en pesos, aumentando la presión sobre el mercado de cambios.
A este escenario se suma otro desafío para el equipo económico: la desaceleración de la inflación parece haber encontrado dificultades para continuar al mismo ritmo.
El dato de agosto, que mostró una inflación mensual de 1,7%, fue presentado por el Gobierno como una señal favorable dentro del proceso de desinflación. Sin embargo, los primeros relevamientos de septiembre muestran que mantener o mejorar ese registro no será sencillo.
Según un relevamiento de LCG, los precios de alimentos y bebidas aumentaron 1,7% durante la cuarta semana de septiembre, mientras que la variación acumulada en las últimas cuatro semanas llegó al 2,7%. La consultora también detectó un incremento en la cantidad de productos que registraron aumentos.
El comportamiento de los precios vuelve más difícil que el índice general de septiembre pueda ubicarse por debajo del registro del mes anterior. Un escenario de inflación mensual de entre 1,7% y 2% aparece como una posibilidad para los próximos meses, aunque dependerá de la evolución de los distintos componentes del índice.
En ese marco, una eventual suba de los combustibles podría agregar presión sobre los precios de octubre. El impacto no se limitaría al componente directo de las naftas, sino que también podría trasladarse a actividades como el transporte y la logística, con efectos sobre otros bienes y servicios.
El panorama económico se completa con un dato relevante del mercado cambiario: el Banco Central redujo considerablemente su ritmo de compra de dólares. Durante septiembre, el promedio diario se ubicó por debajo de los USD 10 millones, una cifra que refleja el menor margen que está teniendo la autoridad monetaria para acumular reservas mediante sus intervenciones en el mercado.
De esta manera, el Gobierno llega al último tramo de 2026 con varios frentes económicos abiertos al mismo tiempo. La actividad muestra señales de retroceso, la pobreza volvió a aumentar durante el primer semestre, el riesgo país se acerca nuevamente a los 600 puntos y la inflación enfrenta dificultades para continuar descendiendo.
El desafío para el equipo económico será atravesar estos meses sin que la combinación de menor actividad, mayores necesidades de financiamiento, presión cambiaria y resistencia de la inflación termine complicando todavía más las perspectivas para el cierre del año y el comienzo de 2027.