La esposa de Pedro Sánchez irá a juicio con jurado popular por presunto tráfico de influencias y malversación

El juez Juan Carlos Peinado decidió este lunes enviar a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno español Pedro Sánchez, a juicio con un jurado popular por los presuntos delitos de tráfico de influencias y malversación. La misma resolución dispone la apertura del juicio oral contra Cristina Álvarez, asesora de Gómez en La Moncloa, por un presunto delito de malversación en calidad de cooperadora necesaria.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La decisión fue adoptada en un auto dictado durante la última semana de actividad de Peinado antes de su jubilación, prevista para el 27 de septiembre. El magistrado sostiene que existen indicios suficientes para que Gómez sea juzgada por dos bloques de hechos vinculados con su actividad en la Universidad Complutense de Madrid y con sus gestiones en favor del empresario Juan Carlos Barrabés.

En relación con el supuesto tráfico de influencias, el juez vincula la investigación con la creación de una cátedra de la Universidad Complutense que dirigió Gómez y con distintas actuaciones realizadas en favor de Barrabés. Entre los elementos mencionados aparecen reuniones con autoridades universitarias y cartas de apoyo para empresas del empresario.

El segundo eje está relacionado con la presunta malversación y el software desarrollado en el marco de esa cátedra. Peinado sostiene que existen indicios de que Gómez habría utilizado o se habría apropiado de ese programa, que según la investigación pertenecía a la Universidad Complutense.

En el caso de Cristina Álvarez, el juez mantiene únicamente la acusación por malversación. Según la resolución, la asesora habría tenido una participación considerada necesaria en distintas gestiones vinculadas con el proyecto académico y el desarrollo del software, utilizando en algunas ocasiones recursos y canales institucionales de Presidencia del Gobierno.

La situación procesal había quedado delimitada en julio, cuando la Audiencia Provincial de Madrid confirmó que la causa debía continuar por los presuntos delitos de tráfico de influencias y malversación, pero dejó fuera otras dos acusaciones que habían formado parte de la investigación inicial: corrupción en los negocios y apropiación indebida. El tribunal también apartó al empresario Barrabés del procedimiento con jurado.

La Fiscalía y las defensas de Gómez y Álvarez sostienen una posición diferente a la del instructor y solicitaron la absolución. La defensa de Gómez cuestionó durante el proceso la existencia de elementos suficientes para sostener las acusaciones, mientras que el Ministerio Público también pidió que no se avance hacia una condena.

El Gobierno español, por su parte, volvió a defender este lunes la inocencia de Gómez y cuestionó la decisión judicial, mientras que desde la oposición se respaldó la continuidad del proceso. Esas son posiciones políticas sobre una causa que deberá resolverse en el ámbito judicial.

Con el auto dictado este lunes, la causa queda encaminada hacia un juicio ante un tribunal del jurado. La Audiencia Provincial de Madrid deberá continuar ahora con la tramitación del expediente y determinar los pasos necesarios para la celebración de la instancia oral.