El Tribunal Oral Federal 1 de Salta ha absuelto a dos exjefes de Gendarmería de diversas acusaciones, incluyendo abuso de autoridad y abuso sexual, debido a la falta de pruebas contundentes.
El Tribunal Oral Federal 1 de Salta ha emitido un fallo de absolución por el beneficio de la duda para José Gustavo Kolasa y Carlos Raúl Miguel, ambos exjefes del Escuadrón Tartagal, quienes enfrentaban serias acusaciones que incluían abuso de autoridad, abuso sexual e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
Las acusaciones contra Kolasa y Miguel se centraban en su supuesta omisión de denunciar un intento de femicidio que involucraba a un subalterno, así como en no elevar un informe crucial elaborado por la referente de género de Gendarmería. La denunciante, identificada como H.A.S, alegó haber recibido amenazas y haber sido víctima de un episodio de abuso sexual tras intervenir en el caso en cuestión.
Los hechos que llevaron a la denuncia se remontan a 2016, cuando la referente de género presentó un informe sobre una joven de 19 años que fue ahorcada por su pareja, un gendarme armado, quien logró ser herido por la joven en un intento de defensa. Según el relato, después de la elaboración del informe, H.A.S habría sido amenazada por sus superiores inmediatos.
Uno de los episodios de amenazas, según la causa, habría tenido lugar en el polígono de tiro, donde Carlos Raúl Miguel presuntamente amenazó de muerte a la denunciante. Posteriormente, el mismo día, H.A.S fue convocada a un despacho donde se encontraba José Gustavo Kolasa, donde denunció un episodio de violencia sexual y amenazas con un arma de fuego.
Estos hechos fueron parte integral de la acusación presentada durante el juicio, el cual se caracterizó por la tensión generada en torno a las acusaciones de abuso de poder dentro de la institución. La sentencia, que ha sorprendido a muchos, dejó a los denunciantes y a sus representantes legales con una sensación de inquietud respecto a la justicia en casos de abuso.
Los fundamentos de la sentencia se darán a conocer el próximo 16 de octubre, lo que ha suscitado expectativas sobre las posibles repercusiones legales. Desde la querella, representada por el defensor público de víctimas Nicolás Escandar, se ha anticipado que el fallo podría ser apelado ante la Cámara Federal de Casación Penal, lo que podría prolongar el proceso judicial y abrir nuevas posibilidades para las víctimas de abuso.