El Reino Unido rechazó las sanciones argentinas contra empresas que operan en Malvinas: “Son inaceptables”

El Gobierno del Reino Unido salió este jueves a cuestionar las medidas impulsadas por la Argentina contra empresas e individuos vinculados con actividades económicas en las Islas Malvinas y calificó de “inaceptables” y “sin justificación legal” las acciones promovidas por Buenos Aires.

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La declaración fue difundida por el Ministerio de Asuntos Exteriores, Commonwealth y Desarrollo británico, horas después de que el Gobierno de Javier Milei avanzara con el envío al Congreso del proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, que contempla nuevas herramientas y sanciones frente a la explotación de recursos naturales en zonas que la Argentina considera bajo su soberanía.

La subsecretaria parlamentaria para los Territorios de Ultramar, Uma Kumaran, afirmó que Londres mantiene su posición respecto del archipiélago y sostuvo que las Islas son británicas y que sus habitantes tienen derecho a desarrollar sus recursos naturales.

“El Gobierno del Reino Unido y nuestra red diplomática respaldan plenamente a esas empresas y personas”, señaló la funcionaria en el comunicado oficial.

Kumaran agregó que en las últimas semanas Argentina continuó amenazando a empresas e individuos que suministran bienes y servicios a las Islas, tanto de manera directa como indirecta, incluyendo compañías vinculadas con el sector de hidrocarburos.

La funcionaria británica sostuvo además que las medidas argentinas constituyen una nueva instancia de presión económica y afirmó que acciones similares adoptadas en el pasado no impidieron, según la posición de Londres, el crecimiento de la economía de las Islas.

“Estos cargos contra empresas e individuos son inaceptables, sin justificación legal”, afirmó Kumaran, al tiempo que aseguró que existen oportunidades para las empresas que quieran desarrollar actividades económicas en el archipiélago.

La postura británica se produce en medio de una escalada de medidas y cruces diplomáticos alrededor de la explotación de recursos naturales en el Atlántico Sur. El 15 de septiembre, el Gobierno británico había publicado una guía denominada “Doing business with the Falkland Islands”, destinada a empresas e individuos que realizan actividades comerciales en las Islas o que les suministran bienes y servicios.

En ese documento, Londres sostiene su posición de que la legislación argentina no resulta aplicable sobre las Islas y recomienda a las compañías que reciban comunicaciones o amenazas de acciones legales por parte de autoridades argentinas que recurran a asesoramiento jurídico independiente. Además, el Gobierno británico ofreció respaldo diplomático a empresas o proveedores que enfrenten presiones en terceros países por sus actividades comerciales con las Islas.

El conflicto se profundizó luego de que la Argentina iniciara procedimientos sancionatorios contra empresas y personas vinculadas con actividades hidrocarburíferas. El Gobierno nacional informó a comienzos de septiembre que había iniciado expedientes contra 45 personas humanas y jurídicas y posteriormente amplió los procedimientos a otros 15 sujetos.

Entre las compañías alcanzadas se encuentran firmas vinculadas con el proyecto petrolero Sea Lion, ubicado en la Cuenca Malvinas Norte. En paralelo, la Justicia Federal de Río Grande dispuso medidas cautelares contra Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum Development and Production Limited en relación con el avance del proyecto.

El nuevo capítulo de la disputa llegó con el proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional enviado por Milei al Congreso. Según informó oficialmente la Presidencia, la iniciativa busca establecer un régimen para sancionar la explotación de recursos naturales que el Gobierno argentino considera ilegítima, además de incorporar herramientas destinadas a la protección de los intereses soberanos del país.

La propuesta también contempla la creación de un Consejo de Seguridad Nacional y un esquema de coordinación entre distintas áreas del Estado, con participación de organismos vinculados con la política exterior, defensa, seguridad, inteligencia y economía. El Gobierno sostiene que el objetivo es contar con una estrategia coordinada para la defensa de la soberanía y el territorio nacional.

De esta manera, la disputa por Malvinas volvió a sumar un nuevo frente de tensión entre Buenos Aires y Londres, esta vez alrededor de las actividades económicas y la explotación de recursos naturales en el archipiélago, mientras ambos gobiernos sostienen posiciones contrapuestas sobre la soberanía y el alcance de las medidas adoptadas por cada país.