Universitarios confirmaron una nueva Marcha Federal y un paro escalonado de 23 días

Los gremios de docentes y nodocentes universitarios confirmaron una nueva Marcha Federal Universitaria para el próximo 15 de octubre, luego del fracaso de las negociaciones salariales con el Gobierno. En paralelo, la Universidad de Buenos Aires anunció un paro escalonado de 23 días que se desarrollará durante cinco semanas.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La movilización tendrá como destino el Palacio de Tribunales y será la quinta Marcha Federal Universitaria desde el inicio de la gestión de Javier Milei y la segunda que se realizará durante 2026.

La decisión fue comunicada por la Asociación de Docentes de la Universidad de Buenos Aires (ADUBA) y la Asociación del Personal de la UBA (APUBA), que cuestionaron el resultado de la paritaria realizada este jueves en el Palacio Pizzurno.

Durante la reunión, la Secretaría de Educación volvió a ofrecer un aumento del 3% para septiembre y otro 3% para octubre, una propuesta que ya había sido rechazada a comienzos de mes. Los gremios reclamaron, además, una recomposición salarial del 32,5%, porcentaje que vinculan con lo establecido por la Ley de Financiamiento Universitario 27.795.

Desde ADUBA y APUBA cuestionaron lo que calificaron como un “incumplimiento sistemático de la Ley de Financiamiento Universitario” y anunciaron que el plan de lucha se desarrollará de manera rotativa en distintas dependencias y unidades académicas.

El paro comenzará el lunes 21 de septiembre y se extenderá durante cinco semanas, con jornadas de protesta en distintas facultades y dependencias de la UBA. La primera semana incluirá el Rectorado, Medicina, FADU, Farmacia y Bioquímica e Ingeniería.

En las semanas siguientes se sumarán Ciencias Exactas y Naturales, el Centro Cultural Rojas, Ciencias Económicas, Derecho, Odontología, Psicología, Ciencias Sociales, el Colegio Nacional de Buenos Aires, Filosofía y Letras, Veterinarias, el CBC, Agronomía y los hospitales universitarios, entre otras dependencias.

El secretario general de ADUBA, Emiliano Cagnacci, cuestionó la posición del Gobierno y sostuvo que no debería existir una decisión discrecional respecto del cumplimiento de las normas. “En democracia la ley se cumple”, afirmó.

El conflicto también tiene un componente judicial. La Ley 27.795 fue objeto de distintas presentaciones y medidas cautelares. La Corte Suprema dejó firme en junio una medida que obliga al Estado a aplicar los artículos 5 y 6 de la norma, vinculados con la actualización salarial de docentes y nodocentes y otros aspectos del financiamiento universitario.

En ese marco, desde las universidades sostienen que el Ejecutivo debe avanzar con la recomposición salarial prevista por la ley. La UBA reclamó específicamente que se convalide el 32,5% que, según plantean los gremios, corresponde recuperar por la pérdida salarial acumulada.

Por su parte, el secretario general de la Federación de Docentes de las Universidades (FEDUN), Daniel Ricci, sostuvo que el Gobierno debe cumplir con la Ley de Financiamiento Universitario y con las decisiones judiciales que ordenaron su aplicación.

El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) también mantiene su reclamo y advierte sobre las dificultades presupuestarias que atraviesan las universidades nacionales. En las últimas semanas, además, comenzó a instalarse la posibilidad de que el inicio del ciclo lectivo 2027 pueda verse afectado si no se resuelve el conflicto por los salarios y el financiamiento.

Mientras continúan los reclamos y las medidas de fuerza, la movilización prevista para el 15 de octubre frente al Palacio de Tribunales se perfila como el próximo punto de concentración del conflicto universitario.