El Gobierno volvió a ofrecer 3% de aumento a los universitarios y los gremios ya analizan nuevas medidas

La negociación entre el Gobierno nacional y los gremios docentes y no docentes de las universidades volvió a terminar este jueves sin acuerdo. En una nueva reunión paritaria realizada en el Palacio Pizzurno, la Secretaría de Educación mantuvo la propuesta de un aumento del 3% para septiembre y otro 3% para octubre, la misma oferta que había sido rechazada a comienzos de mes.

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La respuesta sindical volvió a ser negativa y el conflicto universitario quedó nuevamente abierto. “El aumento no es el deseado y vamos a tomar medidas”, anticipó una de las representantes gremiales luego del encuentro.

Los sindicatos docentes plantean que la discusión salarial debe contemplar no solamente los incrementos ofrecidos por el Ejecutivo, sino también los recursos establecidos por la Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición del Salario Docente, sancionada en 2025.

Entre los reclamos aparece además una recomposición del 32,5%, porcentaje que las organizaciones señalan como la pérdida salarial acumulada durante los primeros años de la actual administración nacional.

El conflicto tendrá otro capítulo durante la tarde. A las 15 está previsto un encuentro entre las autoridades de Educación y los gremios no docentes. Una vez finalizada esa reunión, representantes de ambos sectores sindicales prevén encontrarse para analizar los pasos a seguir y definir nuevas medidas de fuerza.

Entre las alternativas que comenzaron a tomar fuerza aparece la posibilidad de convocar a una nueva marcha nacional en defensa de las universidades públicas, que sería la quinta movilización de alcance nacional desde el inicio de la actual gestión y la segunda durante este año.

El reclamo salarial se desarrolla además en paralelo con la discusión por el Presupuesto 2027. El proyecto enviado por el Gobierno al Congreso contempla alrededor de $7,3 billones para las universidades nacionales, mientras que el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) elaboró una propuesta cercana a los $11 billones para cubrir las necesidades del sistema.

La diferencia entre ambas cifras supera los $3,5 billones y se convirtió en uno de los principales puntos de conflicto entre el Ejecutivo y las autoridades universitarias. Los rectores sostienen que los recursos deben contemplar salarios, funcionamiento, infraestructura, investigación, becas y hospitales universitarios.

De acuerdo con el planteo de las autoridades universitarias, cerca del 90% de los recursos requeridos corresponde a salarios docentes y no docentes, mientras que el resto se destina a otros gastos necesarios para el funcionamiento del sistema.

El Gobierno, por su parte, sostiene que el presupuesto garantiza el funcionamiento de las universidades y que una parte sustancial de las necesidades está vinculada con la cuestión salarial. El proyecto prevé además un incremento del 20% para los gastos de funcionamiento.

La discusión también está atravesada por la aplicación de la Ley 27.795 y por el conflicto judicial iniciado a partir de su implementación. El Consejo Interuniversitario Nacional sostiene que el Ejecutivo todavía no cumplió plenamente con determinados artículos de la norma, mientras que el Gobierno plantea que la Justicia no ordenó la aplicación integral de todas sus disposiciones. La normativa establece mecanismos destinados a proteger el financiamiento de la educación universitaria pública y la recomposición salarial docente.

La cuestión judicial continúa abierta. La Corte Suprema publicó en junio las sentencias correspondientes al acuerdo del 25 de ese mes, en el marco de la controversia iniciada por el CIN y universidades nacionales en torno al financiamiento universitario.

En paralelo a la negociación salarial, el Gobierno y las universidades mantienen una disputa por el monto que debería quedar establecido para el próximo año. Mientras el Ejecutivo sostiene su previsión presupuestaria, el CIN reclama una partida considerablemente mayor para garantizar el funcionamiento y atender las obligaciones previstas por la legislación vigente.

Con la nueva oferta del 3% para septiembre y 3% para octubre nuevamente rechazada, los gremios deberán definir ahora el alcance de las próximas medidas. La posibilidad de una marcha nacional por las universidades públicas aparece como una de las alternativas que podría profundizar el conflicto durante las próximas semanas.