Malvinas: el Gobierno prepara cambios para agilizar el uso de la fuerza contra buques en el mar argentino

El Gobierno nacional prepara cambios en los procedimientos de protección marítima para agilizar la interceptación y el eventual uso de la fuerza contra buques que incumplan órdenes dentro de espacios bajo jurisdicción argentina o sujetos a derechos soberanos del país.

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La iniciativa forma parte del capítulo marítimo de la denominada Ley de Defensa de la Soberanía Nacional y apunta a reducir la cantidad de instancias que deben atravesarse antes de adoptar determinadas medidas coercitivas. El contenido definitivo del proyecto todavía no fue difundido.

El esquema que analiza el Ejecutivo abarcaría distintas etapas de una operación, desde la detección y la intimación hasta la persecución, el abordaje y el eventual empleo de armas contra una embarcación que se niegue a cumplir las instrucciones de las autoridades argentinas.

Además, el nuevo marco no estaría pensado exclusivamente para situaciones vinculadas con amenazas militares externas. También podría alcanzar a pesqueros extranjeros detectados realizando actividades ilegales dentro de la Zona Económica Exclusiva Argentina (ZEEA) que se resistan a detenerse o ser inspeccionados.

Qué puede hacer actualmente la Prefectura

La discusión no implica que Argentina vaya a habilitar por primera vez el uso de la fuerza contra buques pesqueros extranjeros.

Desde 2018, la Prefectura Naval Argentina cuenta con un protocolo específico para actuar ante embarcaciones extranjeras que infrinjan la Ley Federal de Pesca. La normativa fue aprobada mediante la Resolución 396/2018 del Ministerio de Seguridad.

El procedimiento contempla comunicaciones radiales, señales visuales y sonoras, órdenes de detención, abordaje y, ante una fuga, la posibilidad de iniciar una “persecución en caliente” incluso si la embarcación alcanza aguas internacionales, siempre que se cumplan las condiciones previstas por la normativa.

Cuando las advertencias no consiguen detener al buque, el protocolo permite una escalada gradual en el empleo de la fuerza. Se contemplan primero disparos de advertencia, que no deben impactar contra la embarcación.

Si la resistencia continúa, pueden autorizarse disparos de invalidación, destinados a producir un daño limitado que permita detener al buque. Para avanzar con esa medida se requiere autorización de la Dirección de Operaciones y el procedimiento debe realizarse procurando no afectar a las personas que se encuentren a bordo.

La normativa establece además cinco principios que deben respetarse al momento de utilizar la fuerza: legalidad, oportunidad, último recurso, gradualidad y proporcionalidad.

El antecedente del pesquero chino hundido en 2016

Uno de los casos más resonantes ocurrió en marzo de 2016, cuando el guardacostas Prefecto Derbes detectó al pesquero chino Lu Yan Yuan Yu 010 realizando tareas de pesca dentro de la Zona Económica Exclusiva Argentina.

Luego de reiteradas advertencias, el barco extranjero intentó escapar y realizó maniobras que, según informó oficialmente Prefectura, pusieron en riesgo a las tripulaciones. Durante la persecución se efectuaron disparos sobre distintos sectores de la embarcación hasta que el pesquero comenzó a hundirse.

Parte de sus tripulantes pasó a otros barcos y otros fueron rescatados del mar por personal argentino. El episodio se produjo antes de la aprobación del protocolo actualmente vigente y quedó como uno de los principales antecedentes de este tipo de operativos.

Prefectura, Armada y una nueva cadena de decisiones

Otro de los aspectos que analiza el Ejecutivo es cómo se articularán las funciones de la Prefectura Naval, la Armada Argentina y el Comando Conjunto Marítimo.

La intención sería precisar en qué circunstancias una operación continúa bajo una lógica de seguridad y control marítimo y en qué momento puede pasar a involucrar estructuras correspondientes al ámbito de la Defensa.

La Prefectura Naval mantiene un rol central como autoridad marítima y tiene facultades para controlar la navegación, efectuar tareas de policía y vigilar la actividad pesquera. La Armada y el Comando Conjunto Marítimo, por su parte, también participan en tareas de vigilancia y control del Atlántico Sur.

Por el momento, la nueva cadena de mando y autorización no fue informada oficialmente en detalle.

También analizan cambios sobre la pesca ilegal

Dentro de las discusiones aparece además la posibilidad de endurecer el tratamiento jurídico de determinados casos de pesca ilegal.

Una de las alternativas que se encuentra bajo análisis es que algunas conductas dejen de ser abordadas únicamente dentro del régimen administrativo pesquero y puedan constituir también un delito penal.

Sin embargo, ese punto todavía se encuentra en evaluación y no fue confirmado como parte definitiva del proyecto.

El debate coincide además con los planes oficiales para reforzar las capacidades de vigilancia y defensa marítima, mientras el Gobierno avanza en otras modificaciones vinculadas con la actividad portuaria, el cabotaje, el practicaje y la navegación comercial.