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Sueños Compartidos: condenaron a José López y a los hermanos Schoklender y absolvieron a De Vido

El fallo se conoció en la causa que investigó el destino de fondos para viviendas sociales construidas en distintos puntos del país, entre ellos Santiago del Estero, Buenos Aires y Rosario.

Hoy 17:14

El Tribunal Oral Federal N.º 5 (TOF 5) absolvió al exministro de Planificación Federal Julio De Vido en la causa conocida como Sueños Compartidos y condenó a los exfuncionarios José López y Abel Fatala y a los hermanos Sergio y Pablo Schoklender por los hechos investigados en torno al programa de construcción de viviendas sociales.

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El tribunal, integrado por los jueces Adriana Palliotti, Daniel Obligado y Adrián Grünberg, impuso penas de 2 años y 9 meses de prisión a López y Fatala; 2 años y 8 meses a Sergio Schoklender; y 2 años y 4 meses a Pablo Schoklender. Todas las condenas fueron de ejecución condicional, por lo que los sentenciados no quedaron detenidos.

Además de De Vido, fueron absueltos Carlos Castellano, Daniel Freidin, Daniel Alfredo Nasif y Silvia Karina Nasif.

El veredicto se conoció este lunes en los tribunales de Comodoro Py 2002, luego de que el tribunal escuchara las últimas palabras de los imputados. Los fundamentos de la sentencia se darán a conocer el próximo 13 de noviembre.

Las últimas palabras de los imputados

La audiencia comenzó después de las 9.20 con las últimas palabras de los acusados, una instancia previa al dictado del veredicto.

Sergio Schoklender Sergio Schoklender

Entre los imputados se encontraban los hermanos Sergio y Pablo Schoklender, apoderados de la Fundación Madres de Plaza de Mayo; el exministro Julio De Vido; el exsecretario de Obras Públicas José López; y el exsubsecretario de ese organismo Abel Fatala. También estaban acusados Daniel Alfredo Nasif, Silvia Karina Nasif, Claudio Freidin y Carlos Castellano.

Durante la audiencia, Daniel Alfredo Nasif agradeció al tribunal y sostuvo que durante todos estos años permaneció “a derecho” y a disposición de la Justicia. También afirmó que nunca tuvo intención de perjudicar al Estado ni participó de delito alguno.

Silvia Karina Nasif, en tanto, aseguró que nunca participó de ningún delito y que actuó de buena fe. “Esto es muy angustiante”, manifestó.

Claudio Freidin decidió no hacer uso de la palabra y se limitó a agradecer el acompañamiento de sus abogados defensores. Carlos Castellano tampoco formuló declaraciones.

El viernes 11 de septiembre, el único de los principales acusados que había hablado había sido Sergio Schoklender, quien agradeció a sus abogados y defendió el alcance del programa de viviendas. Durante su exposición también hizo referencia a la expresidenta Cristina Kirchner.

Una causa que investigó presuntos desvíos de fondos

La causa Sueños Compartidos investigó el destino de fondos públicos destinados al programa habitacional desarrollado por la Fundación Madres de Plaza de Mayo.

La investigación judicial puso bajo la lupa un presunto desvío de $206.438.454,05, dinero que, según la acusación, debía ser utilizado para la construcción de viviendas sociales.

La Fiscalía sostuvo durante el juicio que existió un esquema coordinado entre funcionarios públicos y responsables del programa y que parte de los fondos habría sido destinada a empresas vinculadas con los hermanos Schoklender, quienes tenían a su cargo la administración del proyecto.

Entre los puntos cuestionados estuvieron las contrataciones directas y el destino de los recursos públicos asignados para las obras.

Los trabajos se realizaron en distintos puntos del país, entre ellos Santiago del Estero, la Ciudad de Buenos Aires y Rosario, además de otras localidades, aunque la acusación señaló que algunas obras quedaron inconclusas.

También fueron mencionados durante la investigación casos de trabajadores que no habrían cobrado sus salarios o no habrían recibido los aportes correspondientes.

La discusión por la prescripción

El juicio llegó a su etapa final en medio de una discusión sobre el plazo de prescripción de la acción penal.

Las defensas sostenían que el último acto con capacidad para interrumpir el plazo había sido la citación a juicio del 8 de julio de 2020, por lo que entendían que la causa ya se encontraba prescripta.

La Fiscalía, por su parte, consideraba como referencia una actuación posterior, del 15 de septiembre de 2020, y sostenía que la acción penal podía prescribir el 15 de septiembre de 2026.

Finalmente, el tribunal rechazó los planteos de prescripción y avanzó con el dictado del veredicto.

La Fiscalía había solicitado penas de hasta seis años de prisión y el decomiso de aproximadamente $206 millones, mientras que las defensas reclamaron la absolución de sus representados.

Con el fallo conocido este lunes, las condenas aún pueden ser recurridas ante la Cámara Federal de Casación Penal, por lo que el resultado del juicio todavía no se encuentra firme.