Cerdo Negro enfrenta serias denuncias por condiciones laborales inadecuadas

La empresa Cerdo Negro, reconocida en el sector agroindustrial, ha sido objeto de serias denuncias que apuntan a condiciones laborales precarias y potenciales violaciones de derechos humanos. Estas acusaciones han surgido tras inspecciones realizadas en su establecimiento ubicado en Cerrillos, Salta, donde se ha señalado la trata laboral agravada.

José Antonio Fernández García, director de la empresa, ha sido imputado por el delito mencionado, luego de que se identificaran a siete empleados en situaciones laborales irregulares. Entre ellos, se encuentran dos jubilados, de 72 y 73 años, que residían en condiciones insalubres en la finca La Montanera.

El mayor de estos jubilados, quien no sabe leer ni escribir, no estaba registrado como trabajador y carecía de acceso a agua corriente, lo que lo obligaba a calentar el agua para sus necesidades. Además, utilizaba un baño de pozo y realizaba tareas de jardinería de manera irregular, recibiendo un pago semanal por su labor.

Por su parte, el segundo jubilado había estado realizando tareas de mantenimiento durante 15 años, pero fue reasignado a la actividad tabacalera. Su situación habitacional también era precaria, y a pesar de su larga trayectoria, sus ingresos se limitaban a la recolección de bellotas, por las cuales se le pagaba por kilo. En los fines de semana, dependía de un comedor de Caritas para alimentarse.

Los otros cinco empleados, aunque estaban registrados bajo el convenio colectivo para empleados tabacaleros, enfrentaban condiciones similares de precariedad. Estos trabajadores realizaban diversas tareas, desde albañilería hasta el cuidado de animales porcinos, y sus salarios oscilaban entre $300 mil y $500 mil pesos, muy por debajo del mínimo establecido en la región.

La normativa en Salta y Jujuy establece que los sueldos para la cosecha de tabaco deben superar los $900 mil pesos, lo que pone de relieve la irregularidad laboral que enfrentan estos empleados. Además, se ha informado que estos trabajadores eran obligados a laborar durante sábados, domingos y feriados sin recibir la remuneración adicional correspondiente.

La imputación a Fernández García ha desencadenado una investigación más profunda sobre las prácticas laborales de la empresa, lo que ha generado preocupación entre los organismos de derechos humanos y la comunidad en general. Las autoridades continuarán monitoreando la situación para asegurar que se respeten los derechos de todos los trabajadores involucrados.