Macri cuestionó el fallo que suspendió el Régimen Penal Juvenil en Buenos Aires: “Es realmente muy preocupante”

El expresidente Mauricio Macri cuestionó duramente el fallo judicial que suspendió preventivamente la aplicación del Régimen Penal Juvenil en la provincia de Buenos Aires y apuntó contra la jueza Marta Pascual, titular del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N° 2 de Lomas de Zamora.

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A través de una publicación en su cuenta de X, Macri sostuvo que resulta “inaceptable” que una medida cautelar dictada por un juzgado provincial haya impedido la aplicación de una ley nacional aprobada por el Congreso y promulgada por el Poder Ejecutivo.

El exmandatario puso el foco en los argumentos utilizados por Pascual para fundamentar su decisión y cuestionó que la magistrada haya basado parte de su resolución en presunciones sobre posibles vulneraciones de derechos que podrían producirse a partir de la implementación del nuevo régimen.

Macri citó uno de los pasajes de la sentencia, en el que la jueza sostuvo que el Poder Judicial puede intervenir antes de que se produzca una eventual violación de derechos cuando existen elementos que permitan presumir razonablemente que ello ocurrirá. Para el líder del PRO, esos elementos no fueron acreditados dentro del expediente.

El cuestionamiento también tuvo un eje constitucional. Macri sostuvo que el sistema argentino no le otorga al Poder Judicial la facultad de realizar una revisión preventiva de las decisiones adoptadas por el Poder Legislativo.

En ese sentido, planteó que el control de constitucionalidad debe realizarse dentro de causas concretas y no mediante una revisión abstracta o anticipada de una norma.

La resolución cuestionada fue dictada el 7 de septiembre de 2026. Pascual dispuso la suspensión preventiva durante 60 días de la Ley 27.801, que establece en 14 años la edad de responsabilidad penal, y extendió los efectos de la medida a toda la provincia de Buenos Aires.

La decisión surgió en el marco de un hábeas corpus preventivo colectivo presentado por la Federación Familia Grande Hogar de Cristo.

El fallo generó además una reacción por parte del Ministerio Público. El fiscal Hernán Cerutti apeló la resolución y pidió que la medida cautelar sea dejada sin efecto mientras interviene la Cámara de Apelación y Garantías.

Entre los argumentos planteados por la Fiscalía aparece precisamente el alcance de la decisión. Según el recurso, no se identificó un caso concreto de un adolescente cuya libertad haya sido restringida de manera ilegal o arbitraria como consecuencia de la aplicación de la nueva ley.

También se cuestionó el uso del hábeas corpus preventivo como fundamento para suspender la norma en todo el territorio bonaerense.

Otro de los puntos discutidos está relacionado con la cantidad de adolescentes que podrían quedar alcanzados por el nuevo régimen y con la capacidad del sistema para atenderlos. Pascual había advertido sobre la necesidad de contar con infraestructura y recursos profesionales suficientes para garantizar los derechos de los jóvenes de 14 y 15 años alcanzados por la legislación.

La Fiscalía objetó que esas conclusiones no estuvieran acompañadas por datos concretos sobre cuántos adolescentes ingresarían al sistema, cuántos podrían ser privados de su libertad o cuál sería la capacidad disponible en los establecimientos.

En el escrito de apelación, el Ministerio Público sostuvo que la sentencia habría convertido una posibilidad en una certeza al proyectar las consecuencias de la implementación del régimen sin contar, según su planteo, con información suficiente.

En medio de esta disputa judicial, Macri consideró especialmente preocupante que una norma sancionada por el Congreso de la Nación y vigente en todo el país haya quedado suspendida dentro de la provincia de Buenos Aires por decisión de un juzgado provincial.

“Es realmente muy preocupante esta alteración del equilibrio que debe existir entre los poderes del Estado”, expresó el expresidente al cerrar su cuestionamiento.

Pascual, por su parte, aclaró públicamente que su decisión no implica estar en contra de reducir la edad de imputabilidad. La magistrada sostuvo que no romantiza los delitos cometidos por menores y señaló que el problema central está en las condiciones necesarias para implementar efectivamente la nueva legislación.