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Bullrich cruzó a Kicillof por la suspensión del Régimen Penal Juvenil: “Se pone del lado de los delincuentes”

La jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado cuestionó al gobernador bonaerense y también apuntó contra la Justicia provincial, luego de que una jueza de Lomas de Zamora suspendiera durante 60 días la aplicación de la nueva normativa.

Hoy 18:57

La suspensión por 60 días del nuevo Régimen Penal Juvenil en la provincia de Buenos Aires generó un fuerte cruce político. La jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, cuestionó al gobernador bonaerense Axel Kicillof y también apuntó contra la Justicia provincial después de que una jueza de Lomas de Zamora ordenara frenar de manera preventiva la aplicación de la Ley 27.801.


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La decisión fue tomada por la jueza Marta Pascual, titular del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N° 2 de Lomas de Zamora, quien hizo lugar a un hábeas corpus preventivo y colectivo presentado por la Federación Familia Grande Hogar de Cristo en representación de adolescentes privados de la libertad.

El fallo suspendió durante 60 días la implementación del nuevo régimen en territorio bonaerense y puso el foco en la capacidad de los dispositivos provinciales para recibir a una mayor cantidad de adolescentes. La magistrada sostuvo que la reducción de la edad de imputabilidad de 16 a 14 años podría generar un incremento en la cantidad de menores sometidos al sistema penal, tanto por nuevos ingresos como por una posible mayor permanencia en los centros de detención.

La dura crítica de Bullrich

Luego de conocerse la resolución, Bullrich publicó un mensaje en su cuenta de X en el que responsabilizó políticamente a Kicillof por la situación de seguridad en la provincia.

“En la Provincia de Buenos Aires tenés a Kicillof, que se pone del lado de los delincuentes, mientras los bonaerenses viven enrejados, con miedo y sin que nadie les dé seguridad”, sostuvo la senadora.

La exministra de Seguridad también dirigió sus críticas hacia el Poder Judicial bonaerense. “También tienen una Justicia provincial garantista que los deja libres para que sigan robando, asesinando y destruyendo familias”, afirmó.

En el mismo mensaje, Bullrich cerró con una dura definición sobre la situación de la provincia: “Qué terror vivir en una provincia que ignora a los argentinos de bien, donde el delincuente tiene vía libre y, si las hace, no las paga”.

Las declaraciones se conocieron luego del fallo judicial, aunque la suspensión no fue dispuesta por el Poder Ejecutivo bonaerense. La medida fue ordenada por la magistrada a partir del hábeas corpus presentado por la organización social.

El argumento de la Justicia

El principal fundamento de la resolución está vinculado con la infraestructura y los recursos disponibles en la provincia. Pascual cuestionó si el sistema bonaerense cuenta con las condiciones edilicias, institucionales y profesionales necesarias para afrontar el impacto de la nueva normativa sin vulnerar los derechos de los adolescentes.

La jueza también advirtió sobre las condiciones de los centros de alojamiento y recordó que su propio juzgado había establecido un límite máximo de 60 adolescentes para el Centro Socioeducativo de Lomas de Zamora, debido a que el establecimiento no reunía los requisitos mínimos de habitabilidad.

Aunque la resolución reconoce mejoras recientes en cuestiones como la provisión de agua potable, la alimentación y las condiciones edilicias, también señala que persisten dificultades relacionadas con el acceso a la educación, la capacitación laboral, la reinserción en el empleo y los períodos de aislamiento.

En ese contexto, la magistrada sostuvo que un eventual hacinamiento podría incrementar los niveles de violencia dentro de los establecimientos y tener consecuencias posteriores sobre la seguridad pública.

Además de ordenar la suspensión, la Justicia convocó a una audiencia para el 16 de septiembre, en la que funcionarios provinciales deberán informar qué medidas fueron adoptadas, cuáles están previstas y en qué plazos se buscará adecuar el sistema a las exigencias del nuevo régimen.

La ley comenzó a regir a nivel nacional

La Ley 27.801 comenzó a regir el 5 de septiembre y reemplazó el régimen penal juvenil vigente desde 1980. Entre sus principales modificaciones establece que la edad mínima de imputabilidad baja de 16 a 14 años.

La normativa también fija un máximo de 15 años de privación de la libertad, prohíbe las condenas a prisión perpetua e incorpora distintas sanciones alternativas, entre ellas la reparación del daño, las tareas comunitarias, las restricciones de acercamiento y el monitoreo electrónico.

Este lunes, además, el Gobierno nacional reglamentó la ley mediante el Decreto 875/2026, que establece mecanismos para la implementación del nuevo sistema y designa al Ministerio de Justicia como autoridad de aplicación en el ámbito nacional y federal.

Bullrich ya había respaldado la reforma

Antes de conocerse la decisión judicial, Bullrich había celebrado públicamente la entrada en vigencia del nuevo régimen. En sus redes sociales publicó: “DESDE HOY NO IMPORTA LA EDAD: SI DELINQUÍS, LAS PAGÁS”.

En aquel mensaje, la dirigente oficialista afirmó que se terminaba la “excusa de la edad para delinquir” y sostuvo que quienes roban, matan o lastiman deben responder por sus actos.

Ahora, la suspensión de la aplicación de la Ley 27.801 en la provincia de Buenos Aires abrió un nuevo frente de discusión política, mientras la Justicia y las autoridades bonaerenses deberán avanzar durante los próximos 60 días en la evaluación de las condiciones necesarias para poner en funcionamiento el nuevo esquema penal juvenil.