Imputan a empresario por explotación laboral en Cerrillos, Salta

La Unidad Fiscal Salta, encabezada por el fiscal general Eduardo Villalba y la fiscal subrogante Paula Gallo, ha formalizado una investigación penal contra un empresario del sector gastronómico, imputado por trata de personas y explotación laboral. El empresario enfrenta acusaciones por abusar de siete trabajadores en una finca dedicada a la producción porcina, así como al cultivo y cosecha de tabaco y aceitunas. Las condiciones de trabajo que se encontraron durante una inspección revelaron serias irregularidades, evidenciando el abuso sistemático contra los empleados.

La investigación se inició tras una denuncia anónima al servicio telefónico gratuito 145, establecido por el Ministerio Nacional de Seguridad para reportar situaciones de trata de personas. Esta denuncia apuntó a una posible precariedad laboral en la finca ubicada en Cerrillos. La intervención de la Procuraduría de Trata de Personas (Protex) y el trabajo conjunto con la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (Arca) condujeron a la realización de una inspección que confirmó las condiciones insalubres que enfrentaban los trabajadores.

El juez federal de Garantías N°2 de Salta, Diego Anzorreguy, aprobó la imputación por el delito de trata de personas con fines de explotación laboral, considerando la vulnerabilidad de las víctimas y la gravedad del caso. Se estableció un plazo de seis meses para el avance de la investigación y se impusieron medidas coercitivas al empresario, incluyendo la prohibición de salir del país y el cese de contacto con algunos empleados.

En la audiencia, se expuso que varios de los trabajadores vivían en condiciones de extrema precariedad, con habitaciones en pésimo estado, baños de letrinas y condiciones de higiene inaceptables. Las fotografías presentadas durante la audiencia muestran la dura realidad que enfrentaban estos trabajadores, quienes recibían salarios que no superaban los 500 mil pesos, con jornadas laborales excesivas y sin pago de horas extras.

Además, se detalló que los trabajadores no contaban con cobertura médica en caso de accidentes. Un caso particular involucró a un trabajador que sufrió una lesión y no recibió la atención necesaria por parte del empresario, quien argumentó que las condiciones de vivienda eran responsabilidad de los propios empleados. Sin embargo, los fiscales señalaron que el empresario tenía la capacidad financiera para proporcionar condiciones adecuadas y cumplir con las normativas laborales.

El defensor público de víctimas, Nicolás Escandar, quien representa a tres de los afectados, apoyó la imputación y destacó la gravedad de la situación. A pesar de las acusaciones, el empresario se defendió manifestando que su intención siempre fue ayudar a las personas. Sin embargo, las evidencias presentadas por el Ministerio Público Fiscal contradicen esta afirmación, revelando un patrón de explotación sistemática en la finca.