La investigación de la red de trata de estudiantes avanza en Salta

La Justicia Federal de Argentina continúa su labor investigativa en un caso alarmante conocido como "el de las estudiantes vírgenes", que involucra una presunta red de trata de personas que captaba a estudiantes y adolescentes de entre 13 y 18 años en la provincia de Salta. Las autoridades han imputado a nueve individuos, y varios de ellos se encuentran bajo prisión preventiva.

Recientemente, en una audiencia judicial, el juez Leandro Bavio decidió prorrogar la etapa preparatoria de la investigación hasta el 28 de noviembre. Esta prórroga es crucial para permitir la incorporación de pericias electrónicas solicitadas y para gestionar requerimientos ante INTERPOL.

El fiscal Eduardo Villalba destacó durante la audiencia que las evidencias reunidas demuestran la existencia de una organización criminal dedicada a la explotación sexual. Se ha podido verificar la estructura del grupo y la captura de víctimas en situaciones de vulnerabilidad, lo que resalta la importancia de la prórroga judicial.

Además, según el medio local Gente de Salta, los peritajes tecnológicos han permitido identificar imágenes de contenido sexual en dispositivos electrónicos confiscados, así como coincidencias de direcciones IP. Estas evidencias son esenciales y se suman a las declaraciones testimoniales de las jóvenes afectadas, que fueron realizadas a través de un procedimiento de Cámara Gesell.

La fiscalía también ha fundamentado la ampliación de las imputaciones por delitos graves como abuso sexual, suministro de estupefacientes y tenencia de material de abuso infantil. En particular, el imputado Gonzalo Chibán enfrenta además la acusación de insolvencia fraudulenta, debido a la detección de donaciones de inmuebles antes de los embargos.

En relación con las medidas de coerción, el tribunal ha decidido mantener la prisión preventiva de siete de los acusados en cárceles, mientras que otros dos cumplirán su condena en modalidad domiciliaria. Esta decisión tiene en cuenta la gravedad de los delitos, la posibilidad de fuga y la necesidad de proteger a las víctimas.

El magistrado subrayó la complejidad del caso, debido a la cantidad de involucrados y la diversidad de hechos delictivos, lo que requiere una atención especial en el desarrollo del proceso judicial. Las actuaciones seguirán avanzando hasta el fin del plazo establecido por el juzgado federal.