Del CUD al Infierno

Por Luciano Vigoni
Para Página 12

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Mientras la provincia de Santa Fe construye El Infierno, una cárcel cuyo nombre no parece ser una metáfora, la discusión sobre política penitenciaria, el tiempo de encierro y el egreso está lejos de las prioridades públicas. No es un tema menor: de cómo se transita ese tiempo depende la reincidencia, la posibilidad de reinserción y la reducción de la violencia en los territorios.

Durante dos días tuve la posibilidad de recorrer dos universidades dentro de cárceles. En el marco del Programa UBA XXII fui invitado a conocer el Centro Universitario Devoto (CUD), ubicado en el Complejo Penitenciario Federal de la Ciudad de Buenos Aires, y el Centro Universitario Ezeiza, en el Complejo Penitenciario Federal IV, de mujeres cis y trans.

Hay algo difícil de explicar cuando uno llega a Devoto. La cárcel está ubicada en el corazón de la Ciudad de Buenos Aires. Dos cuadras antes de llegar resulta casi imperceptible imaginar que allí funciona una cárcel. Pero detrás de esos muros funciona, desde hace décadas, una de las experiencias más singulares que produjo la universidad pública argentina.

En los años 80, recién iniciado el período democrático, la Universidad de Buenos Aires pensó algo muy vanguardista para la epoca, que quienes estaban privados de su libertad podían estudiar una carrera universitaria. Una experiencia pionera en la región y en buena parte del mundo.

Pero hay algo todavía más importante. Para llegar a la universidad hay que haber terminado la primaria y la secundaria. Es decir, no estamos hablando solamente del derecho a estudiar una carrera universitaria. Estamos hablando del derecho elemental a la educación.

Y estudiar en una cárcel no es solamente leer, escribir o rendir un examen. Es salir del pabellón, encontrarse con otros, dedicar una parte importante del tiempo a una actividad, construir vínculos, discutir, escuchar y proyectar.

No solo en el CUD, en cualquier espacio siempre se referencia que salir de la escuela a la universidad permite, no sólo adquirir palabras conceptos, saberes, sino también mejorar la resolución de problemas y discusiones en el pabellón. Es una forma de construir convivencia no sólo en el adentro.

Hace cuarenta años, con un nivel de encarcelamiento mucho menor y antes del giro punitivo de nuestras políticas de seguridad, Argentina construyó experiencias pioneras que sobreviven a fuerza del trabajo y el compromiso de docentes, estudiantes y organizaciones.

Profes de nivel medio y primario que pese a los impedimentos y restricciones intentan construir un espacio diferente en un lugar de mucho ruido y aturdimiento. La universidad, pero también la escuela habilitan al silencio. Pero que terminan siendo muchas veces para pocos, porque son un privilegio para el sistema. Así se lo hacen saber a quienes estudian.

Y ese es uno de los problemas. La Universidad debe presentarse como la punta de lanza de un ecosistema formativo continuo que traccione los niveles iniciales, impidiendo que el sistema penitenciario use la educación superior como un privilegio dosificado para unos pocos.

La UBA quizás tenga la experiencia más significativa, pero no es la única. En Santa Fe, la Universidad Nacional de Rosario y la Universidad Nacional del Litoral llevan décadas desarrollando programas educativos, talleres y actividades dentro de las cárceles. Estas experiencias se sostienen por el compromiso casi militante de los actores institucionales que están implicados.

La política, que piensa con los cortos tiempos electorales, nunca las miro demasiado.

No hay experiencias que hayan masificado ampliando en cantidad de personas a partir de presupuestos destinados a que pueda acceder la mayoría de las personas detenidas..

En Ezeiza, una de las estudiantes habló del deporte. Decía que quería hacer deporte, que el deporte cansa, ordena. Y preguntaba algo muy sencillo: ¿por qué no pensar un pabellón deportivo donde quienes quieran puedan compartir no solamente la formación sino también una actividad deportiva?

La pregunta parece simple. Pero contiene una discusión profunda sobre qué hacemos con el tiempo en una cárcel. Ese tiempo marcado por la inactividad trae dos consecuencias constantes en la mayoría de las unidades penitenciarias, que son el consumo problemático y los temas de salud mental. La política tiene serias dificultades para abordarlos, y prefiere la autorregulación en el pabellón.

Desde hace décadas, nuestra política penitenciaria parece haber pensado que la principal actividad de una persona privada de su libertad es esperar. Esperar el paso de las horas, de los días y de los años. En pabellones superpoblados, con pocas actividades y con enormes dificultades para acceder a la educación, al deporte, a la cultura o a espacios de reflexión.

La pregunta debería ser otra: ¿qué sucede durante ese tiempo?

Desde la década del 90, Argentina tomó un camino punitivo para abordar los conflictos y las violencias. La respuesta fue, cada vez más, encarcelar. En 1992 había 62 personas presas por cada 100 mil habitantes. En 2024 esa cifra llegó a 260 cada 100 mil. Un crecimiento de más del 300 por ciento.

Para fines de 2024 había alrededor de 120.700 personas privadas de su libertad en el país. De ellas, apenas el 2,1% tenía estudios universitarios o terciarios y alrededor del 36% había terminado el secundario.

Los números obligan a pensar.

Si el Estado no puede garantizar que una persona que permanece privada de su libertad las 24 horas del día, los siete días de la semana, termine la escuela primaria o secundaria, haga deporte, acceda a la cultura o tenga un espacio de formación, ¿de qué estamos pensando cuando hablamos de política penitenciaria?

No se trata solamente de garantizar derechos individuales. La educación, el deporte, la cultura y los espacios colectivos también construyen convivencia.

Por eso el CUD, no es un lugar marginal dentro de la cárcel. No es un “como si” de una universidad. Es una universidad dentro de una cárcel. Hay aulas, bibliotecas, docentes, estudiantes, carreras, encuentros. Hay un tiempo que adquiere otro significado.

Y quizás allí esté una de las discusiones más importantes que deberíamos dar.

Quienes acceden a estos espacios son una minoría. No resulta sencillo estudiar en pabellones superpoblados, muchas veces atravesados por la música, los conflictos y la falta de condiciones o existen las condiciones mínimas para estudiar. Muchas veces, el propio sistema penitenciario estimula que estos espacios no sean una opción.

Lo que debería ser una política pública sistemática termina dependiendo de la voluntad y del esfuerzo de universidades, docentes y organizaciones.

La política parece haber agotado las ideas para pensar qué significa el tránsito por una cárcel. Discute años de condena y dureza, pero mucho menos qué ocurre durante esos años. Y eso es un problema si realmente queremos discutir cómo reducir las violencias.

Porque quien transita por una cárcel no deja su vida afuera. Allí aparecen problemas de salud mental, consumos problemáticos, rupturas familiares, pérdida de vínculos, deterioro de capacidades y nuevas formas de violencia. Pensar la cárcel también debería ser pensar en el egreso.

La condena debería permitir, en algún punto, resignificar. Poder pensar lo sucedido, repensar los vínculos, adquirir herramientas, estudiar, trabajar, hacer deporte, construir otros modos de relacionarse.

No es una cuestión de romanticismo.

En la Argentina de hoy, con más de 120 mil personas privadas de su libertad, discutir qué pasa dentro de las cárceles es una cuestión de seguridad. Si queremos reducir las violencias estructuralmente, no alcanza con detener más personas ni con endurecer penas o las condiciones en que están detenidas.

El infierno santafesino

Todo esto adquiere otra dimensión cuando uno vuelve la mirada hacia Santa Fe.

Nuestra provincia tiene alrededor de 12 mil personas privadas de su libertad y está construyendo y ampliando cárceles. Una de ellas ha sido nombrada, sin demasiadas sutilezas, como “El Infierno”.

Quizás el nombre diga más de lo que creemos.

En Santa Fe, como en buena parte de la Argentina, estamos atravesando una época donde parecen haberse agotado las palabras y, peor todavía, las ideas. Se utilizan las palabras porque faltan ideas. Se habla de endurecimiento, de persecución, de cárceles, de altos perfiles. Pero mucho menos se discute qué hacemos con las miles de personas que todos los días transitan el sistema penitenciario.

No estoy planteando aquí una discusión sobre los delitos de alto perfil ni desconociendo la gravedad de los delitos violentos. Estoy planteando otra cosa: que la espectacularidad de algunos delitos no puede convertirse en una política para todas las personas privadas de su libertad.

En plena construcción de nuevas cárceles en Santa Fe, hay dos universidades nacionales con una presencia histórica dentro de los establecimientos penitenciarios: la Universidad Nacional de Rosario y la Universidad Nacional del Litoral.

¿Por qué no están en el centro de esta discusión?

¿Por qué cuando se piensa una nueva cárcel se discute dónde estarán las celdas, los muros, las medidas de seguridad y los dispositivos de control, pero no se discute con la misma fuerza dónde estarán las escuelas, las universidades, los espacios deportivos, las bibliotecas, los talleres y los lugares de encuentro?

¿Por qué una política penitenciaria no puede ser pensada junto con las universidades , y las áreas de educacion y deporte de los gobiernos y organizaciones que hace décadas trabajan el tema?

Llevar la universidad a los penales no significa que todos los presos vayan a convertirse en universitarios. Significa construir condiciones para que la mayor cantidad posible pueda terminar la escuela, acceder a una formación, hacer deporte, participar de actividades culturales y encontrarse con otros en espacios colectivos.

Significa, sobre todo, discutir qué hacemos con el tiempo.

Esto quizás es vivido como una propuesta llena de romanticismo. Pero una cárcel con actividades diversas resulta una posibilidad mucho mayor para la reducción de las violencias, porque también se discute sobre algo que no es real. Y aquí nadie es ingenuo ante la persecución de los entramados narcocriminales que tienen escala regional y global.

Sin embargo, la espectacularidad de homicidios y delitos graves no es la regla. Con la trampa de los delitos graves y la necesidad de abordar la capilaridad que tienen los grupos narcocriminales, la política actual hace extensivo el trato a todas las personas privadas de su libertad.

Una de las estudiantes en Ezeiza me preguntó por el infierno. Ingenuamente hice referencia a que se acaban las ideas pero se agotan las palabras. Sin embargo, me encontré con la sorpresa de que otra de las estudiantes me dijo: “No hay nada de espectáculo, para mi es simplemente nombrar como se debe a estos lugares. Son realmente infiernos, no hay metáfora ni uso exagerado del término”.

Esta discusión se evita porque parece lejana, y por los tiempos electorales.

Seguimos sin discutir suficientemente qué pasa con quienes están detenidos. El egreso no tiene lugar ni en la discusión ni en la política pública. Pero es central: la conflictividad en el territorio no se resuelve si quienes egresan no pueden conseguir trabajo o espacios que puedan alojarlos para terminar un estudio, formarse o continuar con un determinado trayecto educativo .

Existen dispositivos y programas provinciales que apuntan desde hace años a esto pero los presupuestos terminan condicionando su potencialidades y dimensiones. No resultan la prioridad en políticas de seguridad.

La universidad puede ser una de las respuestas. No es la única. La educación no puede cargar sola con la tarea de transformar una cárcel. Tampoco el deporte, la cultura o el trabajo. Pero todos ellos pueden formar parte de una política que intente interrumpir las violencias en lugar de reproducirlas. Para muchos, allí hay un pilar para pensar la reducción de las violencias en sociedades tan desiguales como la nuestra.

El CUD demuestra que no estamos hablando de ciencia ficción. Es una experiencia concreta que lleva décadas. Una universidad funcionando dentro de una cárcel. Personas que estudian, se forman y construyen otros vínculos. Y hay algo todavía más importante: quienes pasaron por esa experiencia presentan niveles muy bajos de reincidencia. Sin embargo, el Estado lo minimiza , no lo ve ni quiere verlo.

Por eso la discusión no debería ser universidad o cárcel. Debería ser qué cárcel queremos construir.