Duro reclamo de los mayoristas a Sturzenegger por los aportes de la reforma laboral

La Cámara Argentina de Distribuidores y Autoservicios Mayoristas (CADAM) volvió a poner el foco sobre los costos laborales y cuestionó la reglamentación de la reforma laboral impulsada por el Gobierno de Javier Milei. La entidad apuntó especialmente contra el Decreto 612/2026 y reclamó modificaciones en el esquema de aportes establecidos mediante convenios colectivos de trabajo.

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El planteo apunta al mecanismo mediante el cual determinados aportes y contribuciones pueden ser acordados en el marco de las negociaciones colectivas. Para los empresarios mayoristas, el problema aparece cuando esas obligaciones terminan alcanzando a compañías que no decidieron voluntariamente integrar o financiar las estructuras empresariales vinculadas con esos convenios.

La discusión se concentra especialmente en los aportes relacionados con el sector comercial y en el impacto que tienen sobre el costo que afrontan las empresas por cada trabajador alcanzado por el convenio.

Qué establece el nuevo decreto

El Decreto 612/2026, publicado en el Boletín Oficial, introdujo precisiones sobre la forma en que se calculan determinados aportes y contribuciones previstos en los convenios colectivos. La norma establece que, para calcular la base correspondiente, se toma el salario básico convencional junto con las sumas remunerativas normales y habituales de percepción mensual. Quedan excluidos conceptos como horas extras, premios, bonos, aguinaldo, plus vacacional y sumas no remunerativas. 

Además, la normativa dispone que las contribuciones y aportes que los empleadores acuerden realizar en el marco de convenios colectivos deberán tener como destino obras de carácter social, asistencial, previsional o cultural en beneficio de los trabajadores, con una administración diferenciada de esos fondos. 

El Gobierno presentó estas modificaciones como una forma de precisar el alcance de las normas incorporadas a partir de la Ley de Modernización Laboral 27.802 y establecer criterios para su aplicación. 

La respuesta de los mayoristas

CADAM considera que el nuevo esquema no resuelve uno de los principales problemas que viene señalando desde hace tiempo: la existencia de aportes que las empresas deben afrontar a partir de acuerdos alcanzados en negociaciones colectivas.

Desde la cámara sostienen que una compañía debería poder decidir de manera voluntaria si quiere realizar contribuciones destinadas a determinadas cámaras o asociaciones empresariales.

“No queremos que se nos obligue a financiar estructuras que no nos representan”, plantearon desde la entidad.

Uno de los ejemplos señalados por los mayoristas es el aporte destinado al Instituto Argentino de Capacitación Profesional y Tecnológica para el Comercio (INACAP). CADAM cuestiona que las empresas deban realizar esa contribución incluso cuando un trabajador no utilice servicios de capacitación.

La entidad sostiene que ese mecanismo representa una recaudación de más de $30.000 millones anuales y cuestiona que los fondos puedan beneficiar a determinadas estructuras empresariales cuando las compañías que realizan los aportes no decidieron asociarse a ellas.

El reclamo a Sturzenegger

La crítica fue dirigida especialmente al ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, a quien CADAM vinculó con el proceso de implementación de las medidas de desregulación y modernización laboral.

Para los empresarios, el espíritu de la reforma debía apuntar a reducir costos y eliminar cargas que no fueran producto de una decisión libre de cada empresa. Por eso consideran contradictorio que, una vez reglamentada la legislación, continúen existiendo mecanismos de contribución derivados de los convenios colectivos.

“Si el objetivo de la reforma era terminar con cargas laborales y costos que no responden a una decisión libre de las empresas, no puede ocurrir que, después de sancionada la ley, se vuelva a introducir por vía reglamentaria un mecanismo que genere precisamente ese efecto”, cuestionó la cámara.

El planteo no apunta, según CADAM, a impedir que las cámaras empresarias puedan recibir aportes, sino a discutir el carácter obligatorio de esas contribuciones y su origen en acuerdos de los que determinadas compañías aseguran no haber participado.

La controversia suma así un nuevo capítulo a la implementación de la reforma laboral y vuelve a poner en discusión quién debe afrontar los costos derivados de los convenios colectivos y bajo qué condiciones pueden establecerse esos aportes.