Los crematorios y morgues de Venezuela trabajan sin pausa tras los terremotos

Los crematorios y morgues de Venezuela se mantienen en funcionamiento durante todo el día tras los devastadores terremotos del 24 de junio, un escenario que alteró la rutina de ciudades como La Guaira y Caracas.

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El cementerio municipal de la Esperanza, a unos 25 kilómetros de Catia la Mar, amplió su capacidad para responder al flujo constante de cadáveres que llegaban desde la zona cero. Unos cinco ataúdes permanecieron listos para ser enterrados, mientras la cifra oficial de fallecidos ascendió a 4.118 y los heridos sumaron 16.740.

Según el personal encargado de ese cementerio ya se abrieron unas 600 sepulturas nuevas y el objetivo es llegar a 3.000 sin recurrir a fosas comunes, mientras morgues y crematorios de Caracas y La Guaira operan de forma continua para sostener la identificación y entrega de cuerpos.

Las consecuencias de los sismos no se limitaron al colapso de viviendas y edificios, con 190 estructuras derrumbadas y otras 856 dañadas, sino que pusieron en marcha un operativo sin precedentes en morgues y crematorios.

La morgue improvisada de Los Silos, junto al puerto de La Guaira, se transformó en un punto de encuentro entre la desesperación y la espera: decenas de bolsas con cuerpos aguardaron ser identificadas bajo carpas, mientras centenares de ataúdes se apilaron cerca de contenedores portuarios.

El flujo de cadáveres llevó a los equipos de rescate y a los propios familiares a trasladar cuerpos a este sitio, donde los trámites de defunción y las entregas se realizaron de manera ininterrumpida.

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El ritmo frenético de las primeras jornadas dio paso a una reducción progresiva en la cantidad de cuerpos entregados, aunque la incertidumbre persiste entre quienes no logran localizar a sus familiares.

En paralelo a la emergencia funeraria, la vida cotidiana de los sobrevivientes quedó marcada por la búsqueda de ayuda humanitaria. Las principales organizaciones no gubernamentales instalaron cocinas, clínicas móviles y hospitales de campaña en los espacios públicos de La Guaira, mientras Naciones Unidas solicitó 300 millones de dólares para atender a 1,3 millones de personas con necesidades urgentes. Desplazados por la destrucción, miles de venezolanos ocuparon escuelas, aceras y plazas, en un contexto donde el gobierno reconoció que al menos 18.000 personas quedaron sin hogar.

Sin embargo, el acceso a la atención médica se volvió crítico. Los equipos de salud informaron un aumento de enfermedades diarreicas y cutáneas, además de una demanda urgente de medicamentos para problemas crónicos como diabetes e hipertensión. Las condiciones previas de agua y saneamiento agravaron la situación en los refugios temporales y entre quienes permanecieron a la intemperie.

La respuesta internacional se consolida a través de la ONU y de organizaciones que, hasta hace poco, enfrentaron restricciones por parte del gobierno venezolano. Estados Unidos lideró la entrega de ayuda, y grupos locales colaboraron en la distribución sobre el terreno. El despliegue de recursos contrastó con la represión vivida por los colectivos en años anteriores y con el cierre de la oficina local de derechos humanos de la ONU. Armando Denegri, de la Organización Panamericana de la Salud, reveló que la mitad del personal sanitario de La Guaira resultó afectada, ya sea por desaparición, fallecimiento o crisis familiar.