El jefe de Gabinete expondrá el próximo 2 de julio ante la Cámara alta. La decisión se tomó en medio de los pedidos de interpelación impulsados por la oposición y de los cuestionamientos surgidos en torno a su declaración patrimonial.
La tensión política en torno al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, sumó un nuevo capítulo luego de que el oficialismo resolviera adelantar para el próximo 2 de julio su presentación ante el Senado, en medio de los reclamos opositores para que brinde explicaciones en el Congreso.
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Según trascendió desde ámbitos parlamentarios, la fecha será formalizada durante la reunión de Labor Parlamentaria convocada para el miércoles por la vicepresidenta de la Nación y titular de la Cámara alta, Victoria Villarruel, donde también se definirá el temario de la próxima sesión.
La decisión busca descomprimir el escenario político generado por los pedidos de interpelación promovidos por sectores de la oposición, que pretenden que el funcionario responda sobre distintas cuestiones vinculadas a su gestión y a las recientes polémicas que lo involucran.

Desde el interbloque peronista impulsan una iniciativa para avanzar con una interpelación y una eventual moción de censura contra el jefe de Gabinete. Sin embargo, para habilitar ese debate necesitan reunir una mayoría especial que, por el momento, no estaría garantizada.
En paralelo, bloques dialoguistas como el PRO, la UCR y representantes de espacios provinciales también reclamaron que la exposición se concrete cuanto antes, en medio de un creciente clima de tensión dentro del Congreso.
Además de definir la fecha del informe de Adorni, la reunión de Labor Parlamentaria abordará otros temas de la agenda parlamentaria, entre ellos convenios internacionales, pliegos judiciales y distintos proyectos que podrían ser tratados en las próximas sesiones.
La figura de la moción de censura está prevista en el artículo 101 de la Constitución Nacional, que establece la posibilidad de interpelar al jefe de Gabinete. No obstante, desde la incorporación de ese mecanismo en la reforma constitucional de 1994, nunca fue utilizado para destituir a un funcionario que ocupe ese cargo.