Las protestas llevan cinco semanas y mantienen aisladas a La Paz y El Alto. El Gobierno enfrenta crecientes presiones mientras aumentan las pérdidas económicas y las advertencias por el impacto humanitario.
La crisis política y social que atraviesa Bolivia continúa profundizándose. Tras cinco semanas de protestas y 28 días consecutivos de bloqueos de rutas, el país ya registra cinco fallecidos, más de 100 puntos de interrupción vial y pérdidas económicas estimadas en más de USD 1.600 millones, según datos oficiales y del sector privado.
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Los cortes de carreteras mantienen prácticamente aisladas a las ciudades de La Paz y El Alto, afectando el abastecimiento, el transporte de mercancías y el acceso a servicios esenciales. De acuerdo con la Administradora Boliviana de Carreteras, existen actualmente 103 puntos de bloqueo distribuidos en siete departamentos, con Cochabamba como el principal foco del conflicto.
La situación también genera una creciente preocupación por sus consecuencias humanitarias. El Ministerio de Salud confirmó la quinta víctima fatal vinculada a los bloqueos: una joven de 24 años que padecía cáncer avanzado y falleció mientras era trasladada en ambulancia hacia un centro especializado. Según las autoridades, el vehículo debió recorrer caminos alternativos debido a los cortes de ruta, lo que retrasó la atención médica.
Las otras víctimas reportadas incluyen un niño de 12 años y tres mujeres. Desde el Gobierno advirtieron que los bloqueos afectan seriamente el acceso a tratamientos, medicamentos y servicios de emergencia, especialmente en zonas alejadas de los principales centros urbanos.
En el plano económico, la Cámara Nacional de Industrias estimó que las pérdidas ya superan los USD 1.600 millones desde el inicio de la huelga general convocada por organizaciones sindicales y campesinas afines al expresidente Evo Morales. Empresarios y analistas sostienen que el daño no solo impacta en la producción, sino también en las exportaciones, el turismo, la logística, la recaudación fiscal y el ingreso de divisas.
La preocupación se extiende a distintos sectores. La Confederación de Empresarios Privados de Bolivia reclamó medidas urgentes al presidente Rodrigo Paz, mientras que la Confederación Nacional de Choferes otorgó un plazo de 48 horas al Gobierno para restablecer la circulación en las carreteras. En paralelo, la Federación Boliviana de Fútbol decidió suspender todas las competencias de Primera División durante junio y parte de julio debido a las dificultades para trasladar equipos y garantizar la organización de los partidos.
Los intentos de diálogo impulsados por sectores políticos, la Iglesia Católica, la Defensoría del Pueblo y organizaciones de derechos humanos no lograron destrabar el conflicto. Mientras algunos dirigentes opositores comenzaron a plantear alternativas institucionales para superar la crisis, los sectores movilizados mantienen su exigencia de que el presidente deje el cargo.
La tensión también generó repercusiones internacionales. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) advirtió sobre el alto impacto humanitario de la situación y alertó por las posibles afectaciones a los derechos fundamentales de la población. En ese contexto, instó tanto al Estado como a los sectores movilizados a priorizar el diálogo y buscar una salida pacífica al conflicto.
Con las principales rutas bloqueadas, una economía cada vez más golpeada y una creciente presión política sobre el Gobierno, Bolivia enfrenta una de las crisis más complejas de los últimos años, sin señales claras de una solución inmediata.