Así lo aseguró durante un diálogo con Radio Panorama Sebastián Freytes, secretario general del gremio de la Dirección Nacional de Vialidad, a propósito del desfinanciamiento que sufre el organismo por parte del Gobierno Nacional.
El secretario general del gremio de la Dirección Nacional de Vialidad, Sebastián Freytes, aseguró que el 70% de las rutas nacionales en Santiago del Estero se encuentra en estado regular o malo, en el marco de un escenario que atribuyó al desfinanciamiento del organismo por parte del Gobierno Nacional.
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En diálogo con Radio Panorama, el dirigente señaló que “el escenario se torna cada día más oscuro”, no solo por el estado de la infraestructura, sino también por la incertidumbre laboral que atraviesan los trabajadores del sector. “Cuando se ataca a la repartición se ataca a los trabajadores”, afirmó.
A nivel nacional, Freytes indicó que alrededor de 600 trabajadores y 14 en Santiago del Estero se adhirieron al retiro voluntario, una cifra que consideró inferior a la esperada por las autoridades nacionales. Según explicó, desde el Gobierno se buscaba una reducción mucho mayor de personal, lo que —advirtió— haría inviable el funcionamiento del organismo.

En relación al financiamiento, el dirigente recordó que Vialidad Nacional se sostiene desde 2001 a través del impuesto a los combustibles líquidos, que debería destinarse al mantenimiento y obras viales. Sin embargo, denunció que esos recursos no están siendo utilizados para ese fin.
“Hoy, de cada litro que carga el ciudadano, un porcentaje debería ir a Vialidad. No están llegando. Nos informaron que ese dinero está en letras del Tesoro y en plazos fijos”, sostuvo, al tiempo que cuestionó que los fondos no se apliquen a las obras correspondientes.
Freytes detalló que en la provincia existen 1.075 kilómetros de rutas nacionales bajo mantenimiento, de los cuales una gran parte presenta deterioro. “Lo sufrimos quienes transitamos. También hay tramos concesionados donde se registran accidentes por esquivar baches”, indicó.
En ese sentido, advirtió que las empresas concesionarias tampoco estarían realizando las inversiones necesarias, mientras que los usuarios continúan abonando peajes. “Se genera una doble imposición: la gente paga impuestos y peaje, pero no se ven mejoras”, cuestionó.

El dirigente también expresó dudas sobre el esquema de concesiones que impulsa el Gobierno Nacional. Según planteó, las condiciones actuales no brindan previsibilidad a las empresas, lo que podría desalentar inversiones y afectar la calidad del servicio.
Finalmente, remarcó que los trabajadores continúan desempeñando sus tareas en un contexto de recursos limitados y maquinaria con dificultades de mantenimiento, priorizando las rutas más transitadas.
“La gente tiene que entender que esta situación no es responsabilidad de los trabajadores, sino que hay una intención de desmantelar una institución histórica”, concluyó.