La presidenta encargada de Venezuela creó dos comisiones para reformar la estructura del gobierno y optimizar la gestión financiera. Siguen los cambios tras la caída de Maduro.
La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció este martes la creación de dos comisiones presidenciales encargadas de rediseñar el funcionamiento del Estado, en lo que representa el paso más ambicioso de su gestión desde que asumió el poder tras la captura de Nicolás Maduro en enero. El anuncio se produjo durante una reunión del Consejo de Ministros en el Palacio de Miraflores, en Caracas, y fue transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión.
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La mandataria designó al vicepresidente sectorial para el Socialismo Social y Territorial y ministro de Educación, Héctor Rodríguez, como comisionado presidencial para la reestructuración y reingeniería del gobierno. Junto a él trabajará el vicepresidente sectorial de Planificación, Ricardo Menéndez, con un plazo máximo de 90 días para presentar ante el Consejo de Ministros un plan integral de reforma de la administración pública. En paralelo, designó a la ministra del Poder Popular para Economía, Finanzas y Comercio Exterior, Anabel Pereira, como comisionada presidencial para la gestión eficiente del gobierno nacional.
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La mandataria no precisó si la reforma implicará fusiones ministeriales, supresión de organismos o cambios en las vicepresidencias sectoriales. Sí dejó en claro el objetivo central: adaptar la estructura del Estado a lo que denominó la “nueva realidad de Venezuela”, una expresión recurrente desde que asumió el cargo para marcar distancia con el modelo de gestión de su predecesor. La sesión del Consejo de Ministros no incluyó ninguna referencia al alcance concreto de los cambios ni al número de instituciones que podrían verse afectadas.
La designación de Héctor Rodríguez como conductor de la reforma responde a un perfil definido. Político de larga trayectoria dentro del chavismo, fue gobernador del estado Miranda entre 2021 y 2026, con experiencia en gestión territorial y movilización partidaria. Anabel Pereira acumula recorrido en la administración financiera pública: antes de asumir el Ministerio de Economía en agosto de 2024, pasó por el Fondo de Protección Social de los Depósitos Bancarios (Fogade) y la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario (Sudeban), organismo regulador de la banca venezolana.
Rodríguez asumió la presidencia encargada por mandato del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) el 3 de enero, tras la captura de Maduro durante una operación militar estadounidense en Caracas. Desde entonces, su gestión estuvo marcada por un giro pragmático sin precedentes en la historia del movimiento bolivariano: reanudó relaciones diplomáticas con Washington después de siete años de ruptura, abrió el país al capital extranjero, suscribió acuerdos energéticos y mineros con Estados Unidos, liberó a cientos de presos políticos y destituyó a buena parte del gabinete heredado, incluida la cúpula militar.
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Esos cambios no se produjeron en el vacío. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió a Rodríguez en los primeros días de su mandato que si no actuaba correctamente le iría “peor” que al mandatario derrocado. Poco después la elogió como “excelente”, al tiempo que reiteró su interés en el petróleo y el oro venezolanos. La reforma del Estado que ahora se pone en marcha se produce en ese contexto de presión externa y transformación acelerada.
El chavismo construyó durante más de dos décadas un aparato estatal de dimensiones enormes: decenas de ministerios, vicepresidencias sectoriales, institutos autónomos y empresas del Estado creadas en distintas oleadas de la revolución bolivariana. Ese andamiaje mostró síntomas de colapso funcional durante los años más duros de las sanciones internacionales, entre 2017 y 2023, cuando la economía venezolana se contrajo más de un 70% según estimaciones del Fondo Monetario Internacional.
La reestructuración anunciada llega además en un momento en que Venezuela avanza en la normalización de su deuda externa. A mediados de mayo, el régimen chavista anunció el inicio de un proceso de reestructuración de la deuda pública y de Petróleos de Venezuela (PDVSA) ante el FMI, organismo con el que el país había roto relaciones en 2019. El resultado de esa negociación condicionará el margen fiscal disponible para cualquier reforma del aparato administrativo.
Con el plazo de 90 días, las propuestas deberán estar listas en torno a finales de agosto. Lo que Rodríguez decida hacer con ellas revelará si este anuncio abre una transformación real del Estado venezolano o si las reformas quedan en el papel mientras la urgencia política impone su propia agenda.