El Gobierno propone cobrar a los estudiantes universitarios con residencia temporaria. Aportamos algunos elementos fácticos y normativos para una discusión informada.
Por Lucas Luchilo
Para Clarín
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Cuando se agudiza el conflicto con las universidades, voceros del Gobierno desempolvan acusaciones sobre adoctrinamiento ideológico, auditorías, ineficiencia y estudiantes extranjeros. En este último punto, el Gobierno propone cobrar a aquellos con residencia temporaria. Aportamos algunos elementos fácticos y normativos para una discusión informada.
En 2023 había 126.900 estudiantes extranjeros -4.6% de la matrícula-, 85% de ellos en carreras de grado y 15% en posgrado. El 76% de los estudiantes de grado y el 70% de los de posgrado cursa en universidades públicas. En la UBA los extranjeros rondan el 10%, en otras instituciones son menos del 2%. La cantidad de estudiantes extranjeros creció mucho entre 2015 y 2021 -sobre todo en medicina- y se moderó desde 2022.
Dentro de los extranjeros, hay estudiantes que vienen a la Argentina con el propósito de estudiar - brasileños, ecuatorianos y colombianos-. Otros son inmigrantes que vinieron en la infancia, llegaron para trabajar o son migrantes forzosos, y que deciden estudiar. Por ejemplo, paraguayos, bolivianos, peruanos y venezolanos.
Todos los países que pueden hacerlo tratan de atraer estudiantes internacionales. Desde el ángulo económico, un fuerte consenso es que los beneficios directos e indirectos superan ampliamente a los costos. Los estudiantes extranjeros traen recursos, amplían la base de talento, y generan vínculos y oportunidades.
Desde el punto de vista educativo, la internacionalización de las universidades y la movilidad estudiantil aparecen hoy como imperativos, a pesar de las corrientes nacionalistas hostiles a la movilidad y a la cooperación internacional.
Un arancel a los estudiantes que sean residentes temporarios tiene un impacto potencial muy limitado; los residentes temporarios que estudian en universidades públicas son una baja proporción. El tiempo de tránsito de la residencia temporaria a la permanente es muy corto, y la ley 26.240 permite a los estudiantes brasileños la transición de la residencia temporaria a permanente.
Hay un 35% de los estudiantes extranjeros que paga aranceles. Estudios sobre el impacto de los estudiantes extranjeros en la economía de Buenos Aires muestran beneficios importantes, con un gasto anual de más de siete mil dólares por estudiante, mayor recaudación e impacto sobre la actividad económica. Además, el Estado cobra entre 550 y 900 dólares de aranceles consulares y tasas migratorias.
Pero el problema central es legal. El preámbulo de la Constitución asegura “los beneficios de la libertad, para nosotros, para nuestra posteridad, y para todos los hombres del mundo que quieran habitar en el suelo argentino”. El artículo 14 establece los derechos civiles de todos los habitantes, el 20 determina que “los extranjeros gozan en el territorio de la Nación de todos los derechos civiles del ciudadano” y el 25 encomienda al gobierno el fomento de la inmigración.
Para la Constitución, extranjeros y nativos tenemos los mismos derechos civiles. Si la educación pública es gratuita para los argentinos, también debe serlo para los extranjeros. Lo mismo vale cualquier derecho civil. Para el Gobierno, esta igualdad de derechos puede parecer excesiva. No está de más recordar que los artículos mencionados son transcripción de las Bases de Juan Bautista Alberdi, el “prócer de la libertad” del presidente Javier Milei.