La abogada y defensora de los derechos del niño, Romina Martínez Hunlo, pidió la intervención de organismos provinciales para que se inspeccione la obra y se verifique si cuenta con permisos y habilitaciones correspondientes.
La polémica por la construcción de una estatua de San La Muerte en la localidad de La Bajada, departamento Banda, sumó un nuevo capítulo luego de que la abogada y defensora de los derechos del niño, Romina Martínez Hunko, realizara una presentación formal ante organismos provinciales para solicitar controles sobre la estructura.
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En diálogo con Noticiero 7, la letrada explicó que el planteo fue presentado ante el Ministerio de Obras Públicas y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la provincia.
“Nosotros el día lunes hemos hecho la presentación ante el Ministerio de Obras Públicas y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. El día martes ya nos han respondido que se le está dando tratamiento. Por supuesto que hay que investigar y tratar cuestiones”, expresó.
Según indicó, este miércoles solicitó además una audiencia con las autoridades provinciales para profundizar el planteo. “Hoy he ido a solicitar una audiencia, quedaron en avisarme la fecha. Por el momento esa es la resolución”, sostuvo.
Martínez Hunko señaló que los organismos intervinientes tienen ahora dos caminos posibles frente al reclamo presentado. “El Ministerio de Obras Públicas y el Ministerio de Derechos Humanos tienen dos opciones: tomar acción en esta medida o declinar la competencia y ahí pasamos a vía judicial”, afirmó.
La abogada aseguró que una de las principales preocupaciones está relacionada con las posibles consecuencias que podría generar la construcción y la necesidad de verificar si la obra cuenta con autorización administrativa.
“Los que me conocen saben que hace muchísimos años trabajo abordando el tema de la infancia, entonces sé todas las consecuencias que acarrea eso y además conozco la norma y todos los perjuicios que le puede generar a la comunidad. Esa construcción tiene que tener permisos administrativos”, manifestó.
En ese sentido, cuestionó que no exista claridad sobre las habilitaciones de la estructura y planteó dudas sobre las condiciones de seguridad.
“Si todos somos iguales ante la ley y tenemos que presentar planos y permisos, ¿por qué esta estructura no? Si hay riesgo de derrumbe ante vientos o alguna contingencia climática, ¿quién se hace responsable?”, planteó.
Además, sostuvo que aún existen interrogantes sobre la situación legal del terreno donde fue levantada la figura. “Ese lugar está en territorio registrado, está escriturado el terreno a nombre de quién está. Hay muchas cuestiones y muchos organismos intervinientes actuando, así que estamos trabajando en eso”, indicó.
Martínez Hunko aseguró también que el planteo se encuentra respaldado por distintas normativas vinculadas al uso del espacio y al derecho comunitario. “No hay nada específico, pero vulnera y hace uso abusivo del derecho”, consideró.
Finalmente, dejó en claro cuáles son las medidas que solicitaron formalmente ante las autoridades. “Lo que nosotros planteamos es: o se hace un edificio adentro y se lo tapa y usted profesa el culto que quiere adentro, sin imponer a los vecinos, o lo destruimos. Son dos medidas claritas que solicitamos”, concluyó.