Mucho se ha escrito sobre la relación entre el poder y el saber, sobre el encadenamiento de uno y otro, de uno en el otro, a la vez de la necesidad de su separación.
Por Diego Conno
Para Página 12
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Un importante filósofo solía escribir estas dos palabras como si fueran una sola, apenas separadas por un tímido guion: saber-poder. Con este gesto escritural Michel Foucault intentó señalar que toda relación de saber es ya una relación de poder y, a la inversa, que toda relación de poder supone algún tipo de vínculo con el saber.
De ahí su definición misma de la práctica filosófica como una política de la verdad. Otro exponente de la filosofía política -también francés-, Claude Lefort, ha hecho de la separación de las esferas del saber, el poder y la ley uno de los elementos constitutivos de toda sociedad democrática. A diferencia del antiguo régimen y del totalitarismo la especificidad o naturaleza de una sociedad democrática (y no solo del régimen democrático) estaría dada por esta separación. De lo que estamos hablando es, desde luego, de la importancia de la autonomía del saber para la vida democrática de una sociedad. Pero también de la importancia de la democratización de ese saber para la democracia. Todo esto está dicho sobre la larga historia de la universidad moderna.
Y es que la cuestión de la universidad es, precisamente, la forma que ha tomado, al menos desde la modernidad, la relación entre el poder y el saber. O también: sobre los modos en que una sociedad produce y distribuye sus conocimientos, a qué llamamos conocimiento. Por eso sería difícil desconocer su importancia para los Estados modernos, en particular, para la sociedad argentina. De allí han salido importantes premios nobeles, destacados profesionales en todas las disciplinas (arquitectos, médicos, abogados, economistas, sociólogas, filósofas, etc.), trabajadores de la cultura (escritores, cineastas, dramaturgos, actores y actrices), productos científicos y tecnológicos (vacunas, teléfonos celulares, máquinas agrícolas), ideas, teorías, valores, prácticas democráticas. De alguna manera, la ciudad moderna ya es -como soñaba Deodoro Roca hace un siglo-, una ciudad universitaria.
Mal que le pese a alguno, ya hay -de hecho- universidades por todos lados. La universidad está en todas partes: en las casas que habitamos, en las escuelas en que estudiamos, en los hospitales en que nos atendemos, en la lengua que hablamos, en las cosas que utilizamos a diario. Y, sin embargo, desde la llegada al gobierno de Javier Milei la universidad se encuentra en disputa, y con ella uno de los elementos fundamentales de la vida democrática. La expresión “la universidad en disputa” expresa buena parte de lo que viene sucediendo alrededor del conflicto de las facultades -para citar un célebre texto de Immanuel Kant que ha sido central en la organización de la universidad moderna- y contiene al menos tres sentidos a la vez. Primero: hay una disputa hacia la universidad. Segundo: hay una disputa en la universidad. Tercero: hay una disputa de la universidad. Veamos: Hay una disputa hacia la universidad de parte de los poderes que amenazan su existencia. Desde luego, y en primer lugar, por el gobierno de “La Libertad Avanza”. Pareciera que el gobierno tiene una especie de “cruzada” contra la universidad pública, que se expresa en su política de desfinanciamiento, en el ajuste presupuestario, en la reducción de las becas, en el ataque a los trabajadores, pero, sobre todo, en la reducción de los salarios de docentes y nodocentes, que están hoy por debajo de la línea de pobreza. Es evidente que el gobierno concibe a la universidad como un obstáculo para su proyecto. Queda aún saber cuál es su proyecto. Hay un segundo sentido que es la disputa en la universidad, es decir, al interior de las instituciones y las prácticas universitarias. Aquí también hay algo más profundo, que late en el corazón mismo de la universidad argentina y que ha sido el resultado de una larga historia de luchas.
Nos referimos al conjunto de valores que la universidad sostiene: la autonomía, la libertad de cátedra, el cogobierno, la extensión universitaria, la gratuidad establecida en 1949 y la expansión del sistema con las universidades del bicentenario. Aquí se enraíza una idea clave: la universidad como derecho humano universal, como bien público y social y como responsabilidad del Estado. No hay ninguna duda de que este gobierno está en las antípodas de todo esto. No piensa a la universidad como un derecho de todos, sino como un privilegio de unos pocos. No la concibe como un bien público, sino como una mercancía, algo que se puede comprar y vender. Y tampoco considera que el Estado deba garantizarla, sino que debería quedar librada al mercado.
Y es aquí donde emerge un tercer sentido: la disputa de la universidad. Es decir, no solo está en disputa la institución, sino también un modo de organización social democrático. Defender la universidad es defender el pensamiento crítico, la igualdad, los derechos, los bienes públicos y la democracia como forma de vida. La vida política de los iguales. Vivimos tiempos oscuros, de pasiones tristes. El odio, la ira, la cólera, la envidia y la avaricia, junto a un creciente deseo de desigualdad, delinean el escenario contemporáneo. No es casual el avance de movimientos autoritarios, guerras y conflictos en distintas partes del mundo.
Ya en el siglo XVII, Baruj Spinoza advertía que la tristeza generalizada de una sociedad es terreno propicio para las tiranías. La vida universitaria no es ajena a este contexto. Por eso la universidad debe convertirse en un espacio de resistencia. Un ámbito de articulación social, de preservación del conocimiento y de producción crítica. Una resistencia entendida no como pasividad, sino como capacidad de crear, de pensar y de proyectar formas de vida más justas. Porque resistir es crear. Y porque, como se ha dicho, “o inventamos o erramos”.