El Tribunal Oral Federal 5 convocó a una audiencia preliminar para septiembre con el objetivo de ordenar la prueba y avanzar hacia el debate en la causa que involucra a Cristina Kirchner y otros acusados.
El Tribunal Oral Federal 5 convocó para el próximo 4 de septiembre a una audiencia preliminar en el marco de la causa Hotesur-Los Sauces, donde se investiga a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y a otros imputados por presunto lavado de dinero, asociación ilícita y dádivas.
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La audiencia, prevista para las 10, buscará ordenar el proceso antes del juicio oral, delimitando las pruebas, definiendo testigos y evitando demoras en un expediente que lleva años de tramitación.
El tribunal, integrado por José Michilini, Adriana Paliotti y Fernando Machado Pelloni, rechazó un planteo del fiscal Diego Velasco, quien pretendía avanzar directamente al juicio sin esperar la finalización de pericias clave.
Los magistrados consideraron que no es viable iniciar el debate oral sin contar con toda la evidencia técnica, especialmente la segunda pericia contable sobre la firma Los Sauces y un informe comparativo con tasaciones oficiales de los inmuebles investigados.
Entre los acusados también figuran el diputado Máximo Kirchner, los empresarios Lázaro Báez, Cristóbal López y Fabián De Sousa, además del excontador Víctor Manzanares, entre otros.
La causa investiga si empresas vinculadas a Báez y López realizaron pagos a las firmas hoteleras e inmobiliarias de la familia Kirchner como mecanismo para canalizar fondos de origen ilícito. Entre los bienes bajo análisis se encuentra el Hotel Alto Calafate.
El expediente está estrechamente vinculado con el caso Causa Vialidad, donde la Justicia concluyó que hubo desvío de fondos públicos a través de contratos de obra pública. Según la acusación, parte de ese dinero habría sido reintroducido al circuito formal mediante las empresas Hotesur y Los Sauces.
En concreto, la fiscalía sostiene que se emitían facturas a firmas como Austral Construcciones para justificar ingresos que en realidad correspondían a retornos por adjudicaciones de obra pública. De acuerdo con la investigación, solo entre 2009 y 2013 se habrían canalizado millones de pesos mediante estas operaciones, incluso por servicios que no se habrían prestado efectivamente.
Además, se analiza el delito de dádivas por los vínculos comerciales entre funcionarios y empresarios contratistas del Estado.
Con la audiencia preliminar, el tribunal buscará dejar el caso en condiciones de fijar una fecha para el juicio oral, en una causa que podría convertirse en uno de los procesos judiciales más relevantes de los últimos años en el país.