La Unidad de Delitos Económicos Complejos de Salta presentó un caso de estafa y defraudación por abuso de firma en blanco que afecta a una mujer tras la acción de su expareja.
La Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC) ha solicitado al Juzgado de Garantías 2 la elevación a juicio de un caso que involucra a un hombre y una mujer acusados de estafa y defraudación mediante el uso de cheques firmados en blanco, en perjuicio de la expareja del primero.
La intervención de la UDEC se originó tras la denuncia presentada por una mujer que fue notificada en 2020 acerca de un embargo sobre sus bienes, en relación a un juicio ejecutivo promovido por su ex cónyuge. Este proceso judicial se basa en un cheque por 800.000 pesos, emitido en agosto de 2018 a favor de una mujer de nacionalidad boliviana.
La denunciante reveló que había cerrado su cuenta bancaria en abril de 2013 y que, tras su separación en 2014, su expareja se negó a devolverle una tarjeta bancaria y una chequera. Por ello, decidió denunciarlas como extraviadas, ya que habían quedado en posesión de él. Desconoció la existencia de la deuda y afirmó que, aunque la firma en el cheque era suya, nunca había realizado transacciones con la beneficiaria.
En su declaración, la mujer también expuso la situación familiar, indicando que su expareja está inscripto en el Registro de Deudores Alimentarios desde 2018 por incumplir con la cuota alimentaria de sus dos hijos, quienes requieren atención médica permanente debido a parálisis cerebral y otras patologías. Ella fue convocada a una mediación donde el hombre le propuso renunciar a la cuota alimentaria y a la deuda acumulada desde 2015, a cambio de levantar el embargo sobre su salario.
Según el testimonio de la denunciante, ante su negativa, se realizó la maniobra defraudatoria que resultó en la retención de sus haberes y el secuestro judicial de la camioneta que utilizaba para trasladar a sus hijos a controles médicos, un recurso esencial para su atención diaria.
La fiscal penal interina de la UDEC, Ana Inés Salinas Odorisio, inició una investigación. Las pericias caligráficas confirmaron que la firma en el cheque era efectivamente de la damnificada, pero que el llenado del documento y su endoso fueron realizados por la mujer imputada. Además, se verificó que la cuenta bancaria vinculada al cheque había sido cerrada en 2013, mucho antes de su emisión.
La Unidad de Investigación UDEC también determinó que la mujer boliviana no tenía residencia ni actividad económica en Argentina y que no se encontraba en el país en la fecha indicada en el cheque. Según un informe de la Dirección Nacional de Migraciones, la mujer ingresó a Argentina el 13 de agosto de 2019 y salió una semana después junto al imputado, en un vehículo registrado a su nombre.