Se trata de Silvana Sánchez y Silvia Maldonado a quienes acusan de "homicidio culposo". Piden la misma medida para otros profesionales.
La Justicia dio un paso clave en la investigación por la muerte de una beba recién nacida en el Hospital Zonal de Quimilí "Bernardo Houssay", en mayo de 2025, al disponer la imputación de dos profesionales de la salud por su presunta responsabilidad en el hecho.
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Fuentes judiciales indicaron que la medida alcanza a una obstetra y una enfermera del mencionado nosocomio, quienes deberán presentarse a declarar en calidad de imputadas en el marco de una causa que genera fuerte conmoción en la comunidad.
De acuerdo con la notificación emitida en el expediente que tramita en la Unidad Fiscal de Abuso Sexual y Violencia Institucional —a cargo del Dr. Mauricio Abramczuk— , se reunieron "elementos suficientes e indicios vehementes" que permiten sospechar la participación de la obstetra Silvana B. Sánchez y de la enfermera Silvia Maldonado en los hechos investigados.
Ambas fueron imputadas por el delito de homicidio culposo y serán citadas a prestar declaración indagatoria, medida que fue solicitada por la Dra. Ivana Sánchez abogada querellante.
El caso se originó a partir de la denuncia presentada por el padre de la beba —Fabián Hipólito Mansilla— quien apuntó contra el accionar del personal de salud que intervino durante el trabajo de parto de su pareja.
Según su relato, la mujer ingresó al hospital con dolores y cursando un embarazo avanzado, pero tras el nacimiento, la beba no lloró y debió ser sometida a maniobras de reanimación. Minutos después, los profesionales le informaron el fallecimiento.
El denunciante también cuestionó una serie de decisiones médicas previas y durante el parto, incluyendo traslados, demoras y presuntas fallas en la atención. Incluso señaló contradicciones en las explicaciones brindadas por el personal, lo que motivó el pedido de una autopsia para determinar con precisión las causas del deceso.
En este contexto, la abogada querellante solicitó que la investigación se amplíe y que también sean imputados otros profesionales que asistieron a la mujer durante el embarazo. En particular, apuntó contra los médicos Carlos Abel Zárate y Maximiliano Chávez, quienes —según sostuvo— habrían detectado en controles y ecografías una amenaza de parto prematuro, pero no dispusieron la internación ni las medidas preventivas necesarias.
La letrada fue contundente al afirmar que, de haberse actuado con la diligencia correspondiente, "el desenlace fatal podría haberse evitado". Por ello, insistió en que se investigue la posible responsabilidad de estos médicos dentro de una cadena de decisiones que, a su entender, derivaron en la muerte de la recién nacida.
Mientras avanza la causa, se espera la realización de nuevas medidas probatorias y pericias médicas que permitan esclarecer lo ocurrido y determinar el grado de responsabilidad de cada uno de los profesionales involucrados.