El plan contempla distintas líneas de acción que incluyen campañas de concientización, programas educativos, desarrollo de normativas y coordinación con organismos reguladores. También prevé mecanismos para anticipar fraudes masivos, detectar esquemas piramidales y mejorar los canales de denuncia.
Según se detalla en el anexo de la normativa, el incremento de estos delitos está asociado a la expansión del acceso a internet, el uso extendido de redes sociales y la digitalización de operaciones financieras, factores que multiplicaron las modalidades de estafa.
Entre ellas aparecen phishing, fraudes bancarios, estafas con criptomonedas y casos de suplantación de identidad, en los que los delincuentes utilizan estrategias cada vez más complejas para obtener información personal o beneficios económicos.
En materia de prevención, el programa prevé campañas públicas, producción de materiales audiovisuales y charlas en escuelas y organizaciones sociales, además de acciones coordinadas con otros organismos para detectar tempranamente posibles fraudes.
Para mejorar la detección de los delitos, el plan impulsa la actualización de formularios de denuncia, el análisis estadístico de datos y la capacitación específica de las fuerzas federales en investigación de fraude digital.
En la etapa de respuesta, la estrategia contempla optimizar la gestión de denuncias a través de la línea 134, correos electrónicos y formularios web, así como fortalecer la coordinación con entidades financieras para bloquear cuentas utilizadas en estafas.
Además, se promoverá la participación en mecanismos de bloqueo dinámico de transacciones ilícitas en conjunto con el sector privado y se reforzarán las capacidades operativas de las fuerzas federales, las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
El nuevo programa se articula con el Plan Federal de Prevención de Ciberdelitos y Gestión Estratégica de la Ciberseguridad, puesto en marcha el 8 de enero mediante la resolución 72/2025, que busca coordinar el accionar de las fuerzas de seguridad bajo una estrategia común.
Ese esquema abarca a la Policía Federal Argentina, la Gendarmería Nacional, la Prefectura Naval Argentina, la Policía de Seguridad Aeroportuaria y el Servicio Penitenciario Federal, con el objetivo de centralizar la prevención e investigación de los delitos informáticos en todo el país.