En el texto, que aún no se hizo público, se anula la extensión por 18 meses del Estatuto de Protección Temporal (TPS) que el anterior presidente de Estados Unidos, Joe Biden, firmó el 10 de enero.
El Gobierno de Estados Unidos revocará la extensión del blindaje anti-deportación otorgado a 600.000 venezolanos que ya viven en el país. La medida fue dada a conocer por The New York Times, medio que afirmó tener una copia de la orden dictada por la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem.
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En el texto, que aún no se hizo público, se anula la extensión por 18 meses del Estatuto de Protección Temporal (TPS) que el anterior presidente de Estados Unidos, Joe Biden, firmó el 10 de enero.
La anulación de la extensión del blindaje anti-deportación supone que los 600.000 venezolanos que estaban bajo su protección pasarán a ser personas susceptibles de deportación.
La medida no solo impactará de forma directa en el estatus legal de estas personas en Estados Unidos, sino también influirá sobre sus oportunidades de trabajo: como parte del decreto se les otorgaron permisos laborales al menos hasta octubre de 2026. Al revocarse, también se suprimirá esa cláusula.
Según The New York Times, “un funcionario del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) argumentó que la extensión de último momento por parte de la administración de Biden parecía ser una forma de atarles las manos a los funcionarios de Trump”. La decisión de Biden también favoreció a personas de El Salvador, Ucrania y Sudán.
Esta extensión del TPS a los venezolanos se produjo el 10 de enero, día en el que Nicolás Maduro tomó posesión para un nuevo mandato presidencial ante la Asamblea Nacional de Venezuela. Este acto se produjo en medio de acusaciones de “golpe de Estado” por parte de la oposición, que afirma que su candidato, Edmundo González Urrutia, ganó las elecciones del 28 de julio pasado.
Las personas que fueron elegibles para este permiso migratorio fueron todas de nacionalidad venezolana que llegaron a Estados Unidos antes del 31 de julio de 2023 y que hayan residido en el país de forma ininterrumpida, a excepción de aquellas personas que “hayan sido condenadas por un delito grave o dos delitos menores”, de acuerdo con EFE.