La Comisión Interamericana de Derechos Humanos acusó al presidente de lanzar una feroz represión tras las elecciones de julio.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) acusó este martes al gobierno de Nicolás Maduro de llevar a cabo una feroz represión tras las elecciones presidenciales del 28 de julio pasado, con "al menos 25 asesinatos, decenas de desapariciones forzadas breves, unas 2.000 detenciones arbitrarias, torturas y tratos crueles, inhumanos y degradantes".
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La CIDH, órgano de la Organización de Estados Americanos (OEA), publicó un extenso informe este martes, tres días antes de la investidura del presidente de Venezuela, cuando Maduro espera asumir su tercer mandato.
En el informe afirma que Maduro no solo "ejecutó prácticas de terrorismo de Estado" para "impedir la participación política de la oposición", sino que también "implementó una estrategia represiva coordinada para perpetuarse ilegítimamente en el poder".
El informe, que recoge "las violaciones de derechos humanos observadas por la CIDH a lo largo del proceso electoral", advirtió de que el régimen dividió su estrategia en tres etapas: la primera en el proceso preelectoral, la segunda el día de los comicios, y la tercera, la más represiva, tras las elecciones.
Fue tras las elecciones que el Gobierno de Venezuela puso en marcha la conocida como "Operación Tun Tun" en respuesta a las cerca de 300 manifestaciones que se desencadenaron en el país por "la percepción de fraude".
"Esta operación dejó al menos 25 asesinatos, decenas de desapariciones forzadas breves, unas 2.000 detenciones arbitrarias -incluyendo niñas, niños y adolescentes-, torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes, y graves violaciones a las garantías judiciales y la libertad de expresión".
Además, añaden que "se emplearon tácticas como detenciones masivas, allanamientos sin orden judicial, marcación de viviendas opositoras, redadas en barrios populares y cancelación abrupta de pasaportes".
Tras estas observaciones, la Comisión apuntó que la crisis política en el país y la situación de los derechos humanos en Venezuela representan "el resultado de la cooptación total de las instituciones estatales por parte de un régimen que busca sobre todo mantenerse ilegítimamente en el poder".