Su nombre apareció en una megacausa que instruye la jueza Sandra Arroyo Salgado, por la empresa de seguridad privada Securitas. La firma pagó millonarias coimas a organismos públicos.
El patrimonio del senador nacional Edgardo Kueider, demorado en Paraguay con 210 mil dólares y 600 mil pesos sin declarar, ya estaba bajo la lupa de la Justicia, que estaba hurgando en sus movimientos financieros y su fortuna. Su nombre aparece mencionado en dos expedientes penales: uno en Concordia, donde se lo investiga por enriquecimiento ilícito, y otro en la justicia federal de San Isidro, por las coimas que una empresa de seguridad habría pagado para mantener contratos con diversas reparticiones del Estado y compañías privadas. Ahora, se suma la investigación que abrió la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), de oficio, para saber de dónde venía el dinero que se le incautó.
El período bajo la lupa es entre 2017 y 2023. Tras la denuncia de un periodista, el fiscal federal de San Isidro Fernando Domínguez ya había impulsado una serie de medidas de prueba para profundizar una investigación en el patrimonio del senador por Entre Ríos. Su nombre apareció en el marco de una megacausa que instruye la jueza Sandra Arroyo Salgado, en la que está puesta bajo la lupa la empresa de seguridad privada Securitas.
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La firma admitió que pagó millonarias coimas a representantes de organismos públicos como la compañía Agua y Saneamientos Argentinos (AYSA), el Registro Nacional de las Personas (Renaper), el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) y la Agencia Nacional de Materiales Controlados (Anmac), entre otros, para no perder los contratos y para cobrar servicios adeudados. Los sobornos admitidos incluían también trámites de tenencias de armas de sus vigiladores y para que les avisen de eventuales inspecciones. Hubo nueve detenidos en el caso, todos ex directivos de la firma.
Entre las empresas que habrían recibido coimas estaba ENERSA, la empresa estatal energética de Entre Ríos. Kueider estuvo al frente de esa entidad. Puntualmente, el senador fue denunciado por la presunta propiedad de la empresa Betail SA, poseedora de departamentos y cocheras en un edificio de Paraná. Se sospecha que sería uno de los dueños de esa firma junto a un pariente monotributista. De acuerdo a la denuncia, en la liquidación de expensas no aparecía Betail sino Iara Guinsel Costa, la joven secretaria de Kueider con la que quedó detenido en Paraguay.
A inicios de octubre, el fiscal Domínguez pidió una batería de medidas de prueba: informes a la Inspección General de Justicia sobre los contratos y estatutos de la empresa Betail SA, sus balances y estados contables; en la Oficina Anticorrupción se solicitaron las declaraciones juradas del senador; y a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) se le reclamó que elabore un informe sobre el legislador con su actividad económica e ingresos, y un detalle de sus cuentas bancarias y bienes, propiedades muebles e inmuebles e informes de los registros nacionales de buques y aeronaves. Los pedidos de informes incluyeron un oficio al Banco Central de la República Argentina (BCRA) y a la Caja de Valores SA. Además se solicitó que se levante el secretario fiscal y bancario.
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En la declaración jurada del 2021 del senador que ingresó por Unión por la Patria y se convirtió en un aliado del Gobierno de Javier Milei, se declaraban bienes por 5.4 millones de pesos y se hacía referencia a la participación de una empresa cuyo nombre no aparecía: solo ponía el CUIT. Era Betail SA, fundada en 2018 con un capital social de $100.000 para la venta al por mayor de ganado bovino en pie y producción de semillas de cultivos agrícolas.
“Teniendo en cuenta que los hechos denunciados podrían guardar relación con aquellos que conforman el objeto procesal de la causa FSM 3.084/2020, la cual se encuentra en etapa de investigación, considero que corresponde que se ordene la acumulación del presente expediente”, señalaba el fiscal Domínguez al hacer referencia a la denuncia sobre el legislador.
Según la hipótesis de la causa, los departamentos adjudicados a Kueider se encuentran en un edificio cuyo grupo desarrollador estaría conformado por los hermanos Claudio y Marcelo Tórtul, procesados en la causa en la que se investiga un presunto esquema de coimas en la empresa Enersa. Kueider era miembro del Directorio de Enersa en representación del Estado provincial.
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Enersa fue cliente de Securitas SA entre 2016 y 2018. “Los denunciantes afirmaron que la investigación interna permitió determinar que se habrían efectuado pagos en efectivo para mantener la contratación y que el efectivo habría sido obtenido a través de un supuesto proveedor fraudulento de nombre Tornell SA, el cual -si bien facturaba- no habría brindado ningún servicio concreto. La firma emitía facturas mensuales a favor de Securitas Argentina por servicios de consultoría”, había detallado en abril pasado el diario La Nación, al momento de las detenciones.
El senador Kueider se presentó en el Juzgado Federal de San Isidro para designar abogado, pero hasta ahora no había hecho ningún descargo.
En Concordia también hay una investigación en su contra por presunto enriquecimiento ilícito que lleva adelante el fiscal José Arias. La investigación se inició por la presentación de Eliseo Blanco, un vecino de Concordia, en base a documentación y publicaciones periodísticas en las que asegura que Kueider habría comprado departamentos y cocheras de un lujoso edificio en Paraná.
En septiembre de 2023, el legislador le dijo al diario UNO de Entre Ríos que las acusaciones eran infundadas y que todo se iba a aclarar en la Justicia. “Se tiene que investigar y va a poder corroborar que es falso: no soy propietario, no son míos esos departamentos”. Y aseguró: “Quedará clarísimo que estoy muy lejos de haberme enriquecido ilícitamente”.