Del ataque de Montoneros a un cuartel al escándalo de las indemnizaciones a familiares de guerrilleros

Puedo recordar bastante bien aquella tarde del 1° de agosto de 2009 en un hall del Hotel Internacional de Turismo, en el centro de la ciudad de Formosa, cuando un comentario disruptivo enriqueció mi perspectiva sobre el ataque del grupo guerrillero Montoneros al cuartel del Ejército ubicado en las afueras de esa ciudad, el 5 de octubre de 1975.

“Pero, ¿usted no se da cuenta de lo que pasó? ¿Cómo puede ser que los familiares de los guerrilleros muertos hayan cobrado tanto dinero mientras nosotros, que defendimos el cuartel, y nuestros hijos tengamos que vivir así, tan pobres; sin nada, sin ninguna ayuda del gobierno?”.

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El desahogo del flaco parado detrás de todos, los brazos cruzados, la gorra gris hasta las cejas, se escuchó fuerte y sonó francamente mal, fuera de lugar, en un ambiente donde, si bien éramos muchos, todo se decía en voz baja, con esa suave elegancia en el contar que tienen los formoseños y les viene, seguramente, de la influencia guaraní.

Sus compañeros —todos ellos ex soldados que impidieron el copamiento del Regimiento de Infantería de Monte Número 29 durante el gobierno de la presidenta Isabel Perón— lo hicieron callar de inmediato. A mí también me chocó, ocupado como estaba en registrar cada una de esas vivencias para mi libro Operación Primicia.

Menos mal que le pregunté a qué se estaba refiriendo. Porque fue gracias a lo que me dijo Rogelio Mazacotte que me enteré que los guerrilleros muertos en aquel combate figuraban como víctimas del terrorismo de Estado y, por lo tanto, sus familiares habían cobrado la indemnización prevista para esos casos.

Toma de huellas dactilares

No tenía idea de eso. Igual, me vine a Buenos Aires con la duda; no le creí del todo, si bien sus compañeros compartían lo que Mazacotte afirmaba tan seguro. No podía creerlo: ¿cómo imaginar que guerrilleros muertos en un combate que ellos mismos habían provocado al asaltar una dependencia estatal en democracia fueran reconocidos como víctimas del terrorismo de Estado por otros gobiernos democráticos luego de 1983?

Mazacotte también me contó que era albañil y que a veces “sentía” las heridas que recibió en aquel combate, dos en el estómago y una en un muslo. Pero que tenía que trabajar mucho porque no había alcanzado el grado de invalidez que le hubiera permitido recibir una módica pensión. Como casi todos los dieciséis heridos de aquel día.

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En Buenos Aires, pronto comprobé que Mazacotte tenía razón y fue así que, tirando de ese dato clave, encontré que, mientras los parientes de cada guerrillero cobraron, en promedio, unos 224 mil dólares, los familiares de los “colimbas” —por el corre, limpia y baila que les tocaba en los cuarteles— cobraban una pensión mensual miserable.

Mazacotte herido junto a su madre

La comparación entre ambos pagos mostraba una asimetría evidente: de acuerdo con la tasa de interés que se tomara, para el Estado democrático la vida de un guerrillero valía entre seis y siete veces más que la de un soldado conscripto, que estaba aquel día de guardia, cumpliendo con la ley del servicio militar obligatorio.

Los propios montoneros bautizaron al ataque como Operación Primicia porque se trató de su primer ataque a una unidad del Ejército y porque, además, fue el debut de llamado Ejército Montonero, con sus uniformes azules para pelear de igual a igual con “el ejército de la oligarquía y el imperialismo”.

Fue una operación espectacular, que incluyó el asalto en pleno vuelo del avión más moderno de Aerolíneas Argentinas, en el cual escaparon los montoneros que lograron sobrevivir. Porque aquel domingo por la tarde murieron doce atacantes junto con diez soldados de veintiún años, un subteniente de la misma edad y un sargento.

Fuera del cuartel, mientras otro pelotón guerrillero copaba el aeropuerto internacional El Pucú, fue muerto un policía. Luego del ataque, cuando los montoneros ya habían escapado, patrullas del Ejército mataron a tres vecinos —uno de ellos de solo quince años que vestía el buzo de su colegio secundario— que no habían tenido nada que ver.

En total, hubo veintiocho muertos en un ataque que conmovió al país.

Así fue que, sin proponérmelo, entré en aquel reino del revés. Al director editorial de Sudamericana, Pablo Avelluto, se le ocurrió agregar una faja colorada a la tapa que decía en letras blancas: “El caso que destapa el escándalo de las indemnizaciones a los guerrilleros”.

Parte de guerra de Montoneros

Esa injusticia, muy fácil de comprender, fue una de las razones por las que el tema cruzó el río Bermejo e indignó a tantos argentinos.

Era el reino del revés también porque los atacantes provenían de familias de clase media para arriba y se habían enrolado en la izquierda peronista para terminar con la pobreza a través de una revolución socialista. Eso en el plano del discurso porque en la realidad del ataque pelearon a muerte con otros jóvenes casi todos peronistas como ellos, pero pobres; es decir, pertenecían en cuerpo y alma a los sectores populares a los que pensaban redimir

En realidad, el libro también molestó al gobierno de la presidenta Cristina Kirchner, a los organismos derechos humanos y a periodistas e intelectuales oficialistas, que eran varios y muy bien alimentados por los generosos recursos del Estado. Claro que por otras razones: ¿cómo se podía poner en duda el status de víctimas del terrorismo de Estado de aquellos jóvenes militantes con los cuáles el gobierno tanto se identificaba? ¿A quién se le podía ocurrir cuestionar el relato sacrosanto de los liderazgos todavía inmaculados de los derechos humanos?

Porque, además, el libro revelaba que los guerrilleros muertos en un combate que duró media hora eran homenajeados en el Parque de la Memoria, el monumento que se levanta en la Costanera porteña, así como en sus ciudades de origen y en las escuelas y universidades donde habían estudiado. Por ejemplo, en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional del Litoral, en Santa Fe, donde cursaba Roberto Mayol, el soldado infiltrado por Montoneros que abrió las puertas del cuartel.

Y como una cosa lleva a la otra se me había ocurrido contar y recontar el número de víctimas inscriptas en el Parque de la Memoria y en diversos documentos oficiales, que, como ahora sabemos, no llegaba a los 30 mil desaparecidos que constituían la bandera principal de los organismos de derechos humanos.

También hubo muchos periodistas y varios medios de comunicación que en aquella época de hegemonía del relato kirchnerista brindaron un espacio generoso a la difusión de Operación Primicia.

Dado que la verdad siempre triunfa —aunque a veces se haga esperar— el sacrificio de los soldados formoseños ha sido reivindicado ahora primero por el Congreso y luego por el Poder Ejecutivo con el reconocimiento de las indemnizaciones a los muertos y heridos en defensa no solo de un cuartel sino también de la democracia anterior al último golpe de Estado.