El gobierno de Luiz Inácio “Lula” da Silva compartió un comunicado, luego de que Venezuela decidiera revocarle la autorización para representar los intereses argentinos.
Escala la tensión en Venezuela, luego de que el gobierno de Nicolás Maduro decidió retirarle la autorización a Brasil de “manera inmediata” para custodiar la embajada argentina en Caracas.
Minutos después de que esto fuera oficializado, el gobierno de Luiz Inácio “Lula” da Silva respondió a través de un comunicado, en el que aseguró que recibieron “con sorpresa la comunicación del gobierno venezolano de que pretende revocar su consentimiento para que Brasil proteja los intereses de Argentina en Venezuela”.
En el texto, reiteraron que “de conformidad con las Convenciones de Viena sobre Relaciones Diplomáticas y Relaciones Consulares, Brasil quedará bajo custodia y defensa de los intereses argentinos hasta que la Argentina indique otro Estado aceptable al gobierno venezolano”. Resaltaron, además, la “inviolabilidad de las instalaciones diplomáticas”.
Desde el viernes a la noche, patrullas del Dirección de Acciones Estratégicas y Tácticas (DAET) se apostaron frente la sede argentina en la que desde el 1° de agosto, dos días después de la elección presidencial, flamea la bandera de Brasil por un acuerdo histórico entre las cancillerías después de que Maduro echara a los diplomáticos argentinos.
Desde entonces, Brasil se hizo cargo de la seguridad del edificio y del cuidado de los dirigentes que responden a María Corina Machado. A pesar de la crisis bilateral y la tensa relación entre ambos países, la Argentina no rompió relaciones diplomáticas con Venezuela, justamente, para intentar preservar la integridad de los dirigentes opositores.
“La República Bolivariana de Venezuela ha tomado la decisión de revocar, de manera inmediata, el beneplácito otorgado al Gobierno de la República Federativa de Brasil para ejercer la representación de los intereses de la República Argentina y sus nacionales en territorio venezolano, así como la custodia de los locales de la misión diplomática incluido sus bienes y archivos”, asegura una comunicación oficial de Caracas.
“Venezuela se ve obligada a tomar esta decisión motivada por las pruebas que se tienen sobre el uso de las instalaciones de esa misión diplomática para la planificación de actividades terroristas e intentos de magnicidio contra el Presidente Constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros y contra la Vicepresidenta Ejecutiva, Delcy Rodríguez Gómez, por parte de los prófugos de la justicia venezolana que permanecen dentro de ella”, argumentaron desde el régimen sin mostrar las pruebas.